El pasado 20 de julio, al tiempo que se conmemoraba un nuevo aniversario de la independencia nacional, las Farc iniciaron un nuevo cese al fuego unilateral que incorpora por primera vez y sin reservas un acuerdo con el Gobierno para desescalar el conflicto. Sin duda alguna, se trata de la entrada a una fase definitiva de las conversaciones que permitirá conocer si termina o continúa el conflicto con este grupo al margen de la ley.
Por supuesto, ello no significa que la paz llegará desde La Habana; tampoco que las Farc sean el único actor armado que amenaza la tranquilidad del país. Sin embargo, poca duda cabe de que dejar las armas mejorará las condiciones de vida de miles de colombianos, y que parte de los acuerdos parciales pactados hasta el momento incorporan retos que incidirán positivamente en el desarrollo del país.
El panorama permite configurar un escenario real de paz, y más allá de las acostumbradas preguntas sobre si los colombianos estamos dispuestos a aportar lo que ello implica, vale la pena preguntarse qué tan preparada está la institucionalidad del país para afrontar este desafío.
Es evidente que un eventual acuerdo demandará enormes esfuerzos y costos para que pueda ser honrado por las partes. Se requiere, como dijo el Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, construir la paz desde el territorio y, por ende, implementar de manera descentralizada buena parte de las políticas públicas que se formularán a partir del acuerdo.
Al respecto cabe preguntar cómo se articularán los planes de desarrollo territoriales de las próximas administraciones a un acuerdo que a la fecha no se conoce, y en particular, si las nuevas zonas de desarrollo territorial contempladas en los acuerdos van a reñir con el ordenamiento territorial colombiano y su modelo de planeación.
Adicionalmente, ¿cómo se ejecutarán y financiarán los programas de desarrollo con enfoque territorial que sean producto de los acuerdos regionales de implementación? ¿Qué papel y autonomía tendrán las gobernaciones y los municipios?
Un acuerdo de paz forzará al país a diseñar una nueva arquitectura institucional que impulsará a crear nuevas entidades públicas y precisará reformar o cerrar otras. También obligará a repensar la administración pública, la planeación y la organización del territorio.
Por lo tanto, la implementación de un acuerdo de paz puede constituirse en una oportunidad para profundizar la descentralización en Colombia o, por el contrario, en un refuerzo del modelo centralista del país.
*Profesor, Programa de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, UTB.
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