¡Pedagogía para la paz!

El acuerdo de paz que llegare a firmarse será sometido a refrendación popular, según ha trascendido. Habíamos propuesto de este columna que la intervención del pueblo a través de la consulta que prevé ve la Constitución se hiciera con antelación y sobre asuntos controversiales, v. gr: la representación política de los guerrilleros y la concesión de indulto y/o amnistía, incluyendo a los militares que han defendido por más de cinco décadas al Estado contra las pretensiones de la subversión armada.
En nuestro esquema, la consulta nacional popular deberá hacerla el presidente de la República, en cuanto hoy es de su exclusiva competencia. La finalidad es la de que el pueblo otorgue mandatos políticos expresos que interpreten su voluntad soberana; voluntad que deberá quedar reflejada en los acuerdos de paz de La  Habana, y es tal su importancia, que los resultados de las decisiones de trascendencia nacional que tome el pueblo son “obligatorios”, según lo expresa en forma terminante la citada norma de nuestra Constitución Política. Ello quiere decir que  tienen  poder vinculante para gobernante y gobernados.
La implementación jurídica de los mandatos políticos del pueblo, por supuesto, estará a cargo del Congreso de la República, el cual tiene la atribución de hacer las leyes y de reformar la Constitución; o de una constituyente, caja de pandora que algunos colombianos prevenidos  no quisieran abrir.
Habrá que advertir que en todo proceso de paz siempre se acude a medidas transicionales de justicia, para hacerlos viables. Solo los jefes de ejércitos vencidos han ido a parar a la cárcel, por ejemplo. Aquí no se puede  afirmar que ello haya ocurrido, esto es, que el Estado pueda proclamar que las condiciones  de la paz se están negociando con fuerzas subversivas derrotadas para imponerles el rigor pleno de los códigos; pero los actores del conflicto deben aportar gestos de responsabilidad que los pongan en situación de merecer ese tratamiento excepcional; gestos tienen que ver con el arrepentimiento, el conocimiento de la verdad, y la reparación a las víctimas.
Si la justicia transicional se aplica, no habría impunidad.
Con todo, para que los beneficios de la paz sean bien entendidos y tengan resonancia  en el alma popular, será indispensable sacar la discusión del ambiente academicista  en que se la ha puesto. Necesitamos menos foros de la élite y mayor participación del pueblo. Pero se necesita orientar a la opinión a través de una labor de pedagogía -intensa y extensa–  que llegue a todos los rincones del territorio nacional, más allá del “país urbano” para que el pueblo señale y apruebe el rumbo de una  paz sostenible. 
¡Démosle la palabra al pueblo!

PD. Mi insistencia en el tema tal vez valga la pena.

*Ex congresista, ex ministro, ex embajador.

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