Los más recientes hechos de criminalidad en Cartagena generan angustia colectiva; la percepción que la ciudad está a merced del hampa, y que las autoridades no reaccionan con efectividad.
Hay cinematográficas balaceras, homicidios, intentos de secuestro, asaltos a mano armada en establecimientos públicos, fleteos, múltiples atracos y raponazos, sin distingo de sectores o estratos, con el agravante que algunos de esos episodios ocurren a pocos metros de sedes militares y de Policía, lo que representa un serio desafío de la delincuencia.
No hay que ser experto estratega en seguridad para considerar están fallando los esquemas de protección que el Estado está obligado a brindar a su ciudadanos, y que la ausencia de respuestas efectivas al desafío planteado en Cartagena se puede traducir en mayor desbordamiento de la criminalidad.
Personalizar responsabilidades o politizar la situación de inseguridad, no es la solución; en tiempos de crisis la sociedad debe reaccionar unificada y rodear a sus autoridades en la medida que éstas sean consecuentes y tengan capacidad de rectificar falencias; replantear estrategias y operaciones, que garanticen su deber constitucional y legal de velar por la vida, honra y bienes de los ciudadanos.
Tampoco es aceptable acudir al raído calificativo de “hechos aislados”, o pretender descalificar desde la institucionalidad a quienes reclaman mayor eficiencia operativa; eso equivale a “poner sal en la herida” de quienes padecen directa e indirectamente el galopante crecimiento de la inseguridad local.
En 2015 la tasa de homicidios se redujo en Cartagena en un 7 %, en comparación con 2014; la tendencia apunta ahora al alza, aunque no hay forma de precisar el porcentaje, porque Medicina Legal y la Policía Metropolitana de Cartagena le niegan al Centro de Observación y Seguimiento al Delito –COSED-, la información que le venían suministrando desde hace 12 años, según lo denunciado por su director Fredy Goyeneche.
Si bien el combate a la inseguridad no es solo policivo, y es indispensable ejecutar acciones sociales profundas, también es cierto que el desmadre de la delincuencia amerita implementar un “plan de choque” orientado desde la administración distrital, en concurso con los organismos de seguridad y la sociedad civil. A la decisión tomada de restringir parrilleros en motos en algunos sectores, debe seguir el aumento del pie de fuerza y mejorar la inteligencia estratégica.
El nuevo escenario del posconflicto permite que ya no sean necesarios grandes batallones tras guerrilleros en el monte; los soldados de la patria, debidamente preparados y entrenados en esta modalidad de lucha contra el crimen, serían bienvenidos en los barrios y las calles de la Heroica, para contribuir a proteger a los ciudadanos, hoy prisioneros de la inseguridad.
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