Dos premisas: en Colombia el 28% de la población es pobre y la economía está exhausta. Si no crecemos al menos 4% no bajaremos el desempleo ni la pobreza.
Nuestro objetivo es generar un país donde todos seamos propietarios y superemos de manera definitiva la pobreza. La vía para lograrlo no es el socialismo. Basta mirarnos en el espejo de Venezuela. El camino es el capitalismo popular, donde se genere riqueza, se cree empleo y se focalice el gasto del Estado en los más pobres.
Ese modelo de capitalismo popular no es vergonzante: apuesta de manera decidida y expresa por la propiedad privada y su defensa, incluyendo la protección de los legítimos propietarios de la tierra, y por la libre empresa y el apoyo al emprendimiento como bases estructurales del crecimiento económico.
La prosperidad no se obtiene con más Estado. Su motor es la empresa privada. En nuestro país está probado: el 95% del empleo lo genera el sector privado y solo el 5% el público.
Para impulsar la economía se requieren cambios estructurales: uno, seguridad jurídica y estabilidad. Los empresarios y los nuevos emprendedores necesitan certeza sobre las reglas de juego. La producción normativa es excesiva y la maraña regulatoria y la tramitología abren las puertas a la corrupción y a la injerencia indebida del funcionario público en la actividad privada. Por otro lado, hay que buscar mecanismos que impidan el exceso de cambios jurisprudenciales.
Y solucionar los enormes obstáculos para la prosperidad en que se convirtió el desborde de las consultas previas y populares y un sistema de licenciamiento ambiental que no conjuga la sostenibilidad y el desarrollo.
Dos, el sistema tributario se convirtió en obstáculo para la economía y nos impide ser competitivos. Este gobierno no solo derrochó la mayor bonanza de la historia, sino que asumió gastos permanentes con ingresos inciertos, y al finalizar el boom de petróleo y carbón se vio obligado a subir, una vez más, los impuestos.
Es indispensable simplificar el régimen tributario y bajar tarifas. Empezando por el IVA y siguiendo por los de las empresas siempre que generen empleo formal o socialicen las utilidades con sus trabajadores. Álvaro Uribe sugiere una reducción general de tarifas a cambio de un aumento del salario mínimo. En cualquier caso, reducir impuestos es indispensable tanto en competitividad como para darle un nuevo aire a la economía.
Pero, tres, eso no es posible hacerlo con este gobierno derrochón, despilfarrador y corrupto. La ineficiencia y la corrupción convierten el efecto redistributivo del presupuesto y los impuestos en una transferencia de la riqueza que generamos los ciudadanos y el sector privado a los bolsillos de politiqueros y bandidos. Es inexplicable que el presupuesto del 2018 disminuya un 1% y al mismo tiempo los gastos de funcionamiento crezcan un 8%. Un Estado austero y eficiente y una lucha sin cuartel contra la corrupción son indispensables para retomar el rumbo de la prosperidad.
La ineficiencia y la corrupción convierten el efecto redistributivo del presupuesto y los impuestos en una transferencia de la riqueza que generamos los ciudadanos y el sector privado a los bolsillos de politiqueros y bandidos.
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