“No hay democracia sin libertad de prensa”, afirmó tajantemente Martín Barón, director ejecutivo de The Washington Post en la V Edición de Conversaciones, un evento internacional sobre medios realizado en la Universidad de Navarra (España) a principios de este año. La frase es pertinente en la coyuntura de los acuerdos de paz con las FARC-EP, puesto que el fortalecimiento de la democracia requiere de la mayor protección a la libertad de expresión y a la vida de los periodistas.
Aunque los acuerdos de paz del Gobierno con paramilitares y guerrilleros redujeron a más de la mitad los homicidios de periodistas en los últimos 10 años, preocupa que las violaciones a la libertad de prensa sigan aumentando. Estadísticas recientes de la Fiscalía General de la Nación indican que entre 1986 y 2017 hubo más de 600 casos de agresiones, siendo las amenazas, las persecuciones y las obstrucciones al trabajo las modalidades más frecuentes de ataques contra los comunicadores.
Por ello, el periodismo colombiano demanda en el posconflicto mayor compromiso del Estado para acabar y reducir problemas estructurales como la impunidad y la concentración de la propiedad de los medios, que afectan el ejercicio independiente de informar y la libertad de expresión.
La sola impunidad en los crímenes supera el 50% de los casos. Nizkor, organismo internacional especializado en derechos humanos, asegura que, al día de hoy, sólo en uno de 304 casos de amenazas contra periodistas se logró sentencia condenatoria. Según la Fundación para la Libertad de Prensa, lo mismo sucede con los 154 casos de periodistas asesinados: únicamente se dictaron cuatro condenas.
Por otra parte, Reporteros sin Fronteras reveló en 2015 que en Colombia tres grupos económicos son dueños de 57% de los sectores de radio, prensa, internet y TV.
Llama la atención que la mayoría de los medios se concentra en Bogotá. Mientras que en un municipio existen de cuatro a ocho medios, y en una ciudad mediana alrededor de 20, en la capital hay más de 60 medios grandes o medianos y más de 200 comunitarios.
Este panorama crítico en libertad de prensa apunta a que el posconflicto requiere procesos judiciales más efectivos y un mayor fortalecimiento de los programas de seguridad y protección a los periodistas.
No menos importante es la urgente ampliación del espectro comunicacional y del sistema de medios públicos para contrarrestar la concentración mediática y darle más voz a las regiones, especialmente a los sectores rurales que han sido los más golpeados por el conflicto armado y los más marginados e incomunicados con el resto del país.
*Profesor investigador- UTB
COLUMNA EMPRESARIAL
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