La decisión del Consejo de Estado de impedir que el Gobierno venda su participación en ISAGEN culminó una semana en la que surgieron por todas partes enemigos de esta enajenación, que el Gobierno considera necesaria para capitalizar su programa de concesiones de “cuarta generación” (4G). Para prevenir el posible problema que este Consejo aduce como justificación de las medidas cautelares, debería haberlo resuelto a tiempo para que el Gobierno pudiera decidir. Ya lleva más de dos años posponiendo una decisión tomada y perdiendo credibilidad.
En Colombia se le otorga a todo el mundo el derecho de afectar decisiones del Gobierno acudiendo al sistema judicial. Cualquier transeúnte puede parara al Gobierno sin recurso, como ahora. La lentitud de la justicia le impide al Gobierno ejecutar e invade el campo del ejecutivo. Esto no conviene, ni es práctico, e introduce un desequilibrio adicional pues le da igual peso al Gobierno, que tiene que responder por sus acciones y omisiones, que a sus adversarios, que no tienen que hacerlo y pueden demandar al Gobierno en forma oportunista.
Hace falta un mecanismo expedito excepcional para tramitar rápidamente ante el Consejo de Estado lo que el alto gobierno considere urgente para sus políticas prioritarias. Es la manera de conciliar el derecho de los ciudadanos a demandar y el derecho del Gobierno a gobernar sin interferencias injustificadas o inoportunas.
Mientras tanto, lo mínimo que debe solicitarle el ejecutivo al Consejo de Estado es que ya que creó el lío, lo resuelva cuanto antes.
En Colombia todos quieren tomar o impedir las decisiones que del Gobierno. En el Congreso tuvo que afrontar el ministro de Hacienda una feroz oposición de todos los partidos. Insisten en impedir vender las acciones de ISAGEN porque no les gusta la privatización. Ninguno ellos considera los argumentos técnicos del Gobierno ni la necesidad real de recursos de capital para los proyectos de inversión indispensables y ampliamente acogidos.
Para no dar la impresión de que no les interesan las concesiones viales los parlamentarios proponen otras fórmulas, muchas sin sentido: por ejemplo, que otra entidad estatal compre a ISAGEN, que FOGAFIN emita bonos, o que financie el Banco de la República. La contraloría acude a fórmulas de servilleta para desestimar los avalúos técnicos del Gobierno. Ninguna de estas propuestas hará carrera. Lo importante es atravesarse e impedir el progreso, como lo hacen de oficio el Contralor y el Procurador.
En 2018, cuando en Antioquia se quejen de que ninguna de las “Autopistas de la Prosperidad” haya sido construida, el gobernador Alonso Salazar podrá decir que fue por culpa de los que se opusieron a vender ISAGEN: Horacio Serpa, Sofía Gaviria y el Partido Liberal, Iván Duque y el Centro Democrático Alternativo, Robledo y el Polo, los Verdes, el Procurador, el Contralor…. y el Consejo de Estado.
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