En general las distintas ramas del poder público, han sido objeto de severas críticas en virtud que muchas personas que están y han estado al frente de ellas, no han cumplido cabalmente con su misión y menos representado y defendido los intereses de la sociedad. Estos personajes, además de ganarse un buen billete, en muchos casos, cumplen las instrucciones de sus padrinos políticos, ello, porque, el sistema, privilegia el clientelismo y la politiquería en sus designaciones.
La procuraduría general de la nación no escapa al entramado de este estado de cosas que han hecho metástasis en la institucionalidad colombiana, al punto que el Estado Colombiano, es considerado uno de los más corruptos de Latinoamérica, ello, porque en ocasiones son designadas personas deshonestas en los cargos, de donde resulta, que en ocasiones, el ratón, termina cuidando el queso.
El cuestionado senado de la República, cuna de actos inmorales, elige al procurador general de la Nación, de terna que conforma el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Presidente de la República, lo que significa que la designación termina teniendo un altísimo contenido partidista, factor que podría tener el poder de eliminar o disminuir la imparcialidad del funcionario elegido. Es por ello, que ocasiones se escucha decir en las regiones el procurador es de tal o cual senador, o de tal casa política.
Este, es un problema estructural que debería obligar a pensar en cambiar esta forma elección, para garantizar transparencia e imparcialidad de estos funcionarios. Lo afirmado anteriormente, no cobija, por supuesto a los servidores públicos, quiénes en medio de este contexto, ejercen eficaz y transparente sus funciones, incluidos los funcionarios de la procuraduría general de la nación.
Es que, en cabeza de la procuraduría están funciones transcendentales, que no deberían ser intermediada por los intereses partidistas o politiqueros, distintos al interés general, por cuanto, les corresponde defender los intereses de la sociedad, la protección, efectividad y aseguramiento de los derechos humanos, además que deben garantizar el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas y la supervisión del cumplimiento de la constitución y las Leyes.
Gran responsabilidad, elevada misión y compromiso social. Además privilegio excepcional en la tarea de vigilar y sancionar a los gestores y administradores de la función pública. Ello, debería obligar a que se seleccione a los mejores hombres y mujeres para estos cargos, por cuanto en sus manos está parte del futuro de la nación, en un país, que enfrenta en estos momentos, su más profunda crisis moral e institucional.
En ese orden y en estos momentos críticos y en medio del escepticismo que despiertan las entidades estatales, la Procuraduría Regional de Bolívar, ha venido produciendo importantes decisiones, entre las que se cuenta, el pliego de Cargos formulado a todos los miembros de la Comisión Escrutadora Departamental de Bolívar, que laboraron en las elecciones del 25 de Octubre de 2015 por irregularidades cometidas en dicho proceso, por quienes tenían la obligación de garantizar integridad en sus actuaciones y las sanciones en primera instancia proferida a varios diputados del Departamento de Bolívar, entre otras decisiones.
Este tipo de ejecutorias y mucho más, espera la sociedad Cartagenera y Bolivarenses de sus autoridades de control, para el fortalecimiento de la confianza perdida. Se aguarda entonces, que las investigaciones iniciadas produzcan los resultados esperados y que al final sean sancionados en justicia, quienes sean realmente responsables, respetando sus garantías procesales.
Pofesoralcides-arrieta.
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