En un buen intento de supervisión de los proyectos de regalías, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) publicó un informe que fue muy resaltado en los medios de comunicación la semana pasada. Los titulares de prensa destacaban que había 144 proyectos en estado crítico de ejecución por valor de $ 1,2 billones. Para un lector desprevenido, estos números pueden sonar escandalosos pero insisto en que las cifras hay que verlas en contexto para determinar su alcance. Dado el tamaño del presupuesto de regalías y el número de proyectos en ejecución, el grupo de proyectos en estado crítico es pequeño.
Para dimensionar los resultados del informe del DNP, se debe conocer que, a finales del 2015, el Sistema General de Regalías (SGR) había aprobado 9.789 proyectos por $ 29 billones de pesos, de los cuales $ 20 billones fueron recursos de regalías y $ 9 billones provenían de otras fuentes. Al comparar los proyectos identificados como en estado crítico con las cifras anteriores, éstos corresponden al 1,4% del número total aprobado y al 4,1% del valor total.
Ahora bien, el reporte del DNP revisó 2.308 proyectos por $ 11,4 billones. El DNP indica que estos proyectos fueron escogidos porque existían alertas generadas por retrasos en ejecución, información inconsistente o incompleta, denuncias ciudadanas e informes de organismos de control. Si examinamos lo encontrado contra la muestra, nuevamente se ratifica que los hallazgos son bajos: 6,2% del total de proyectos en la muestra y 10% del valor revisado.
La historia está sesgada por un proyecto: la vía de la Prosperidad que conecta Salamina y Remolino en el departamento del Magdalena. Esta obra vale $ 466 mil millones, aproximadamente 40% del valor total de los proyectos críticos. Esta carretera fue bastante polémica en su momento y no se entiende por qué se aprobó cuando ahora se argumenta, entre otras razones, que no se contempló el puente que la conecta con la vía Barranquilla-Santa Marta, lo que limita mucho su funcionalidad.
Dentro de las razones más comunes del DNP para calificar como deficientes los proyectos, están: falta de sostenibilidad o funcionalidad (33%), insuficiencias técnicas graves (27%) y retrasos injustificados (24%). Además, indican que 7 de cada 10 proyectos críticos tienen deficiencias en supervisión e interventorías. Estos argumentos hacen dudar de la labor de control que se supone realizan los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), los cuales están encargados de aprobar los proyectos. Aunque hay que dejar claro también que el DNP es parte de estos organismos.
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