Columna


¿Qué más debemos esperar?

ALCIDES ARRIETA MEZA

19 de mayo de 2018 12:00 AM

El asesinato del hijo del director del Centro Médico en el Barrio San José de los Campanos acaecido la semana pasada, y los múltiples crímenes que a diario enlutan a los habitantes de la ciudad, no pueden seguir siendo solo estadísticas del avance del delito en la ciudad de Cartagena, es necesario realizar medidas de choque, planificar y ejecutar políticas para el corto, el mediano y largo plazo.

La realidad que vivimos, pudiere enmarcarse en el concepto de Estado Fallido, desarrollado entre otros tratadistas, por Herman y Rartner a principios de la década de los 90, Noam Chomsky y John Jonathan, que lo describen diciendo que hay Estado Fallido cuando éste entra “en la imposibilidad de responder a las demandas de la sociedad, es decir no garantiza los derechos humanos, como la vida, la salud, la seguridad, los derechos económicos sociales, ambientales”, criterio sintetizado en el ensayo de John Sebastián Zapata Callejas, La teoría del estado fallido: entre aproximaciones y disensos.

La insatisfacción de las demandas ciudadanas en Cartagena son de todo orden, el caos institucional y social, que se vive en el territorio Distrital podría sugerir que estamos en el concepto de Estado o ciudad fallida, toda vez, que no se garantizan la vida, honra y bienes de sus habitantes, como tampoco la vigencia de los derechos humanos fundamentales, económicos y sociales de gran parte de la población.

La seguridad pública, que debería ser garantizada por el Estado nación y por del Estado Distrito, no lo ha sido, por cuanto hemos pasado de una situación de riesgo a la de peligro, toda vez que las distintas formas de delincuencia, así lo han establecido. Nadie está a salvo y esta es una de las características de los Estados fallidos, pérdida parcial del monopolio de la fuerza.

La inseguridad es connatural a la inequidad social, a la ausencia de justicia social, a la corrupción del poder público, flagelos que han destruido la calidad de vida de la población, violentado los derechos humanos e impedido la construcción de una familia sana.

Las causas de tan dramática situación tiene responsables directos: una “dirigencia mezquina y sin grandeza, un Estado delincuente, un Estado inhumano”: Wiliam Ospina, ¡Pa’ que se acabe la vaina!

La inseguridad reinante es resultante de la ausencia de políticas públicas, de la apatía gubernamental, caos social, ausencia del Estado, bomba de tiempo que sigue explotando sin que se avizore el abordamiento de tan compleja problemática en forma estructural y urgente.

La sociedad en Cartagena, está en grave estado de indefensión, soportando toda suerte de atentados contra la vida, la propiedad, y la integridad personal. El estado de zozobra es manifiesto, todos tenemos miedo, estamos casi desamparados ante la criminalidad. Esta no distingue personas ni lugares.

No hay zonas seguras, lo que vivimos está cerca de ser una verdadera catástrofe, no hay barrio sector que no haya sido vulnerado por el sentido de las balas. En la otra Cartagena, en la excluida, en la de los ciudadanos de a pie, en la marginal y pobre, el crimen se pasea con facilidad; en la ciudad blindada, el centro histórico y la ciudad turística también el delito se ha hecho presente.

Los factores de inseguridad se multiplican geométricamente, el hurto de celulares continúa, la intolerancia es persistente, no hay lugar reputado seguro, el adagio, “no dar papaya”, está pasando de moda, por cuanto, en cualquier lugar, los delincuentes cumplen sus propósitos, en la casa, en las oficinas, en los centros médicos y en los establecimientos abiertos al público.

La realidad objetiva indica que a nuestras autoridades, además del show mediático, poco les ha interesado la problemática planteada, otros asuntos son de su interés, o mejor sus propios intereses, que son, entre otros privilegios, la gigantesca mermelada y la ilícita contratación que rodea muchas de sus acciones.

Las consecuencias de este estado de cosas, son entre otras causas, producto de los malos y malísimos gobiernos que tenemos y hemos tenido verdaderos depredadores de la vida social, corresponsables del actual estado de cosas. Nuestras esperanzas en ellos, parecerían perdidas, pero esta frustrante apreciación personal no nos exime para exigirle el cumplimiento de sus deberes.

Las autoridades están en jaque, tienen un reto gigantesco, brindar a todos los habitantes de la ciudad, seguridad eficaz, preventiva y correctiva, por cuanto los actos delincuenciales siguen perturbando la tranquilidad social.

Las actuales condiciones de inseguridad en Cartagena exigen medidas extraordinarias, como la declaratoria de los estados de excepción para proferir medidas extraordinarias de policía, en Cartagena y Bolívar.

Las medidas económico sociales también son urgentes, la pobreza, el desempleo, la informalidad, el no aprovechamiento del tiempo libre, las crecientes desigualdades sociales, son causas estructurales que deben atenderse, asuntos que no dan espera, esos procesos deben abordarse.

La seguridad burocrática, la de los consejos de seguridad, el ordenamiento de recompensas, ex post, es decir, después de los hechos delictivos, son acciones importantes, pero, también, se requiere de inteligencia preventiva y protección cautelar. Aún estamos a tiempo de detener y revertir este rumbo perverso.

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