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Qué pasa con la seguridad en Cartagena

ALCIDES ARRIETA MEZA

Por: ALCIDES ARRIETA MEZA

23 de Septiembre de 2016 12:00 am

Quienes han regido los destinos de Cartagena y Bolívar hace décadas poco o nada han hecho por resolver los problemas de la ciudad y del departamento, por el contrario, sus victorias electorales se han nutrido de la miseria y pobreza que pareciere han promovido intencionalmente. 

Ellos, sin duda, tienen una gran cuota de responsabilidad en el desastre, en la descomposición social e  inseguridad que se vive en la ciudad, por la desatención, olvido de los sectores populares  que por esas razones se han convertido mayormente en insumos en donde se fábrica la violencia, siendo verdaderos centros de reproducción del delito, nacimiento de pandillas y sedes del reclutamiento de nuestros jóvenes por parte  de organizaciones criminales. 

La seguridad en la ciudad de Cartagena es y ha sido selectiva, depende de los intereses que se protejan, porque para las autoridades ha habido y hay ciudadanos de primera  y de quinta categoría, olvidando, que la inseguridad se ha tomado toda la ciudad desde luego con mayor énfasis en los sectores populares, que solo son recordados en épocas electorales, pero olvidados en cada periodo de gobierno. 

La inactividad oficial es evidente, por cuanto el Distrito carece de una política criminal, que desde la etiología criminal, haya planeado científica y multidisciplinariamente la ejecución de “las respuestas necesarias para hacerle frente a las conductas consideradas reprochables o causantes del perjuicio social con el fin de garantizar los fines del  Estado  y  los derechos de los residentes  en el territorio bajo su jurisdicción”1, como tampoco creemos que exista un plan de seguridad humana, que en el concepto de las Naciones Unidas, obligaría a la necesidad de implementar una nueva estructura que combine los programas de paz, seguridad, desarrollo  y derechos humanos de manera más eficaz. 1 Corte Constitucional sentencia 18 de mayo  de 2010. 
 
La inmovilidad distrital tiene también sus causas políticas, es que hemos estado en las peores manos, salvo algunas excepciones, porque no hemos tenido gobernantes, sino comerciantes inescrupulosos que han hecho del Estado Distrito el centro de sus personalísimos y particulares intereses. 
 
Las falencias anteriores  han hecho, que aún en zonas aparentemente blindadas  para los delincuentes, estos han hechos de las suyas, por lo cual, sin  perjuicio de las acciones planeadas de solución estructural se requieren medidas urgentes e inmediatas, por ejemplo, que la fuerza pública se tome las calles  y  avenidas en forma permanente, que se realicen patrullajes  y controles continuos y que se limite el uso del parrillero con las  excepciones necesarias. Es importante señalar también, que dichas medidas, deben estar acompañadas de oportunidades laborales para los afectados, previa su caracterización. 

También creemos necesario revisar  y regular las disposiciones que prohibieron el porte de armas con salvoconductos  a los ciudadanos, por cuanto, ante las flagrantes  amenazas  contra la vida, procede la legítima defensa, sobre todo porque los delincuentes permanecen armados. 

Es igualmente indispensable que las  acciones  judiciales y de inteligencia criminal prioricen el ataque a  las formas delincuenciales  que  vienen impactando  a la población  cartagenera, por ello, deberían  acrecentarse  en coordinación con la Fiscalía  General  de la Nación los operativos que permitan  desarmar a los delincuentes, para desarticular las organizaciones criminales, me refiero a las órdenes de allanamiento que inteligentemente deben producirse. 

Igualmente y sin perjuicio de las medidas urgentes  e inmediatas  sugeridas, debería plantearse al Gobierno Nacional  la necesidad de la declaratoria del Estado de conmoción interior establecido en el artículo 213 de la constitución política, con la finalidad  de obtener facultades  extraordinarias  tendientes a garantizar la vida, honra  y  bienes de los habitantes de Cartagena, en estos momentos  en que se encuentran gravemente perturbada y  amenazada la convivencia ciudadana. 

En ese orden consideramos también que debería implementarse la seguridad policiva por participación  ciudadana, en el corto plazo, la cual debe estar dirigida y controlada por el ministerio  y las  secretarías del Interior, en concurso con la Policía Nacional  y  la Policía Judicial. 

Es hora de tomar e implementar  medidas  eficaces, por cuanto, todos estamos en peligro, el pánico se apoderó de la  comunidad, por tanto, es necesario restablecer el orden y  la convivencia  social. 
 
Profesor y abogado Alcides arrieta. 

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