Los ocho debates a que deben someterse las reformas a la Constitución, en dos períodos ordinarios y consecutivos del Congreso Nacional, tienen su razón de ser en la conveniencia de que los textos sean bien analizados y ponderados por el legislador, antes de ser normas superiores de nuestro ordenamiento jurídico. Valga esta introducción para considerar que los desaciertos de última hora en el Senado, en la primera ronda del proyecto de origen gubernamental llamado “Equilibrio de Poderes”, no pueden darse por consumados, pues en los debates próximos en la Cámara de Representantes, sus miembros tienen la competencia para deshacer lo mal hecho y replantear, si así lo quisieren, los cambios que figuraban inicialmente en el proyecto del Gobierno o los que los senadores habían propuesto, así no hubieran tenido aceptación mayoritaria, o los que los representantes quieran introducir como textos nuevos o modificatorios de los aprobados por el Senado.
En la tónica de “no tragar entero” está la Cámara de Representantes, según dijera a El Nuevo Siglo, su Presidente, doctor Fabio Amín, en relación con el restablecimiento de la circunscripción regional para elegir senadores, propuesta hecha por el Gobierno y negada por el Senado, y con la creación del Tribunal de Aforados, que tal como quedó concebido ha sido objeto de severas críticas que han tenido eco en la Cámara de Representantes, amén de otras iniciativas que no prosperaron, como la del voto obligatorio y la cual merece ser reconsiderada, en cuanto fue propuesta como un instrumento apropiado para combatir la abstención y la corrupción electoral.
Vaya si nos desconcertó que, teniendo de por medio problemas y quejas fundadas de los departamentos de frontera, entre éstos el de San Andrés y Providencia, se negara a dicho departamento y a otros entes territoriales tener un senador que los representara, porque se prefirió mantener la circunscripción nacional electoral para integrar el Senado, pero dentro de la cual los departamentos de escasa población están casi excluidos del umbral que les garantice la representación en dicha Corporación.
¿Si el Senado es “de la República”, por qué se excluye a parte de ella para integrarlo? Semejante despropósito, consagrado por los constituyentes del 91, no puede subsistir. Volver al criterio de los fundadores, cuando consagraron como derecho propio de nuestros entes territoriales -en aras de la unidad nacional-, tener esa representación en el Senado, se convierte en un imperativo político insoslayable; si es que no queremos fomentar con tal clase de discriminaciones, movimientos separatistas u otros de esa jaez.
Bien hace, entonces, la Cámara de Representantes en revisar a profundidad lo aprobado por el Senado.
*Ex congresista, ex ministro, ex embajador.
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*Las opiniones expresadas por el columnista no representan necesariamente las de El Universal.
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