Mas allá de los impredecibles éxitos que alcanzaría Mauricio Macri en el corto plazo, se ven acciones y efectos concretos en recuperar el valor de la palabra, degradada tras 12 años de propaganda kirchnerista.
Algunos actos del nuevo gobierno cumplen promesas de campaña: no habrá la "guerra del Estado contra del periodismo"; los medios de comunicación del gobierno serán públicos y no partidarios, con "pluralismo, federalismo e innovación"; la publicidad oficial no premiará a medios amigos ni castigará a los críticos; y los periodistas militantes serán despedidos o deberán trabajar bien sin sueldos de privilegio.
Se debería desmantelar la propaganda estatal sin censurar la libertad de expresión. Deben seguir programas partidarios como el ex oficialista 678 o para que pregonen su militancia periodistas como Víctor Hugo Morales, pero no en medios públicos o pagados por los argentinos, sino en privados, sujetos al rating o al criterio e interés editorial de sus dueños.
Si cumple el ministro de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, la Argentina recuperará el valor de la palabra después de años de propaganda gubernamental para suplir las carencias de la población, manipular las estadísticas oficiales y crear un culto a la personalidad hacia Cristina y su difunto esposo.
Lombardi tiene razón: no solo heredó un ministerio del relato sino "un aparato propagandístico muy fuerte, concentrado y unilateral", pernicioso para el país y para el gobierno, que se creyó su propio relato irreal, basado en mentir, omitir y exagerar. El INDEC mintió sobre porcentajes de pobreza e inflación, programas como Fútbol para Todos fueron usados para auto bombo, y las cadenas nacionales de la presidenta eran incongruentes con la Constitución para ese tipo de alocuciones.
Ojalá Argentina, a diferencia de países con gobiernos populistas y propagandísticos como los de Correa, Maduro, Ortega y Morales, vea medios públicos de Uruguay, Costa Rica y Chile que, aunque con limitaciones, respetan la pluralidad y diversidad de la población.
No es malo que los gobiernos se auto elogien cuando no es política de Estado, como el modelo kirchnerista. Los gobiernos deben tener límites para hablar de sus logros, así como en las campañas electorales, cuando no pueden abusar del dinero público para fines proselitistas.
En la comunicación pública, además de desmantelar el aparato de propaganda y reformar las leyes de medios y de telecomunicaciones para no usarlas para castigar o maniatar a medios críticos, Macri tiene dos tareas importantes atrasadas: promulgar una ley de Acceso a la Información Pública y de Transparencia, y acatar un fallo de la Corte Suprema de Justicia para reglamentar el uso y gasto del Estado en publicidad oficial.
Que el Estado no esté obligado a informar de la administración pública cuando los ciudadanos lo pidan es una gran distancia de Argentina ante países más democráticos. La transparencia y los datos veraces son el antídoto contra la propaganda, para generar confianza y abandonar las ficciones. Solo la verdad recuperará la confianza en la palabra, devaluada por el gobierno anterior, como dice el escritor Martín Caparrós.
Ricardo Trotti
trottiart@gmail.com
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