El texto de los acuerdos entre el gobierno y las FARC sobre el sector rural colombiano parece redactado por el Comité Central del PC en los años sesenta, pero responde a muchas necesidades sentidas y al compromiso implícito de resarcir al sector rural y al campesino colombiano por siglos de abandono, violencia y exclusión.
Si se ignora la frecuencia de la palabra subsidios en el texto, también corresponde a una visión del potencial del campesino, el pequeño productor rural, de producir competitivamente, en muchos casos con mayor productividad que el latifundista, siempre y cuando tenga acceso a suficiente tierra para generar un ingreso familiar adecuado y a medios complementarios de producción (crédito, capacitación, tecnología, asistencia técnica, comercialización). Esto refuerza las razones de justicia social a favor de una reforma agraria con efectos redistributivos y que contribuye a la productividad.
Casi todo lo convenido en este acuerdo y más, se debería llevar a cabo en cualquier caso, con o sin injerencia de las FARC. Pero no obstante sus bondades, el acuerdo se basa en supuestos que probablemente no se cumplirán a menos que cambie radicalmente la manera de hacer política y se transite de un sistema clientelista a una democracia moderna. Para entenderlo basta imaginarse a Roy Barreras poniendo a sus fichas al frente de la reforma rural; o a los conservadores oficialistas conspirando para volver a asaltar la dirección de Estupefacientes.
Para contener la voracidad del clientelismo, las instituciones a cargo de la reforma rural integral tendrían que ser comunitarias, no gubernamentales, reguladas por el Estado. El manejo del fondo de tierras, la función de extensión agropecuaria y el apoyo administrativo y financiero a los campesinos y sus comunidades y la intermediación entre ellos y el
Estado tendrían que organizarse, a similitud de las cajas de compensación, con participación de los afiliados (los productores campesinos), del sector privado rural y representación de la sociedad civil, manteniendo a los políticos a raya.
El otro gran ausente en el documento es el sector privado. ¿Quién más proveerá los servicios de maquinaria, la transferencia de tecnología, las gigantescas inversiones y el conocimiento para dinamizar la agricultura colombiana y crear empleo rural? No se exploran las alianzas productivas entre campesinos y grandes capitalistas rurales para explotar y ampliar la frontera agrícola con supervisión y reglamentación del Estado. La única referencia al sector privado rural es para expropiarle los baldíos.
En un proceso en el que se aspira perdonar muchos delitos e infracciones también cabe pensar en perdonar a los culpables de falta de criterio y permitir que quienes adquirieron tierras en forma irregular en una región en donde sobra tierra (y faltan empresarios), pudieran conservarla a cambio de financiar la carretera o el ferrocarril hasta Puerto Carreño.
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