El Gobierno nacional promovió cambios legales (ley APP) para garantizar la buena ejecución de las concesiones 4G, y así evitar que se repitan muchos de los errores del pasado.
Varias de las concesiones viales entre 1993 y 2010 tuvieron problemas múltiples: atrasos en los cronogramas de trabajo, obras adicionales por falta de planeación, sobrecostos prediales y ambientales, controversia excesiva en los procesos de adjudicación, ofertas artificialmente bajas para lograr renegociaciones posteriores, y uso a veces abusivo del arbitraje y del litigio.
Las dificultades se generaron en parte por iniciar licitaciones sin tener los estudios requeridos, lo que obligó a desembolsar cuantiosos recursos por modificaciones contractuales, con un alto impacto para las finanzas de la Nación.
Los cambios son significativos, pues corrigen muchas de las falencias mencionadas. Así, es muy positivo que la remuneración de los contratistas deba estar atada a la disponibilidad y calidad de la infraestructura, por lo que no habrá pagos antes de que se constate el fin de las obras. De igual forma, no se permitirán adiciones contractuales por encima del 20% del valor original del contrato, y las concesiones deberán culminarse en un plazo máximo de 30 años, con lo cual se pone fin a las adiciones injustificadas en dinero y tiempo.
Asimismo, se exigen estudios previos completos, lo que facilita la gestión predial y ambiental, al tiempo que el concesionario responde por el diseño definitivo del proyecto, teniendo a cargo definir el trazado y la ingeniería de la vía; lo que impide que el contratista atribuya a los diseños elaborados por terceros la causa de las dificultades del proyecto.
Debe aprovecharse la posibilidad de que el proyecto se divida en distintas unidades funcionales, siempre que cada una pueda operar en forma individual y adecuada con los objetivos de abaratar los costos de financiación, y de facilitar obtener las garantías para respaldar las obras.
Se destaca la exigencia de que todos los recursos del proyecto deban ser administrados a través de una fiducia, lo que significa que los recursos de deuda, los aportes del Estado y el recaudo de peaje deben ingresar a un mismo patrimonio autónomo, evitando desviar los dineros para propósitos distintos.
Sin embargo, los cambios normativos por sí solos no sacarán a Colombia de su rezago en infraestructura. El éxito de las concesiones 4G depende en gran medida de la idoneidad y transparencia de los concesionarios, y de la fortaleza institucional del Ministerio de Transporte y la ANI para garantizar la cabal ejecución de los proyectos.
*Abogado y Filósofo
tiradojorge@hotmail.com
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