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BERTHA LUCÍA ARNEDO

Por: BERTHA LUCÍA ARNEDO

20 de Agosto de 2016 12:00 am

La cultura es parte esencial de la vida de los ciudadanos y la convivencia pacífica de los pueblos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en París en 1948, dice en su artículo 27: “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”.

 

En el Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD de 1990 se afirma: “El desarrollo humano tiene dos aspectos. La formación de capacidades humanas -tales como un mejor estado de salud, conocimientos y destrezas- y el uso que la gente hace de las capacidades adquiridas para el descanso, la producción o las actividades culturales, sociales y políticas”.

Esa trascendencia de la cultura en la vida de las personas genera una tensión en política cultural, entre un Estado intervencionista, que lo reglamenta todo bajo una racionalidad oficial, y otro que prefiere más libertad frente al desarrollo de la cultura.

En esta discusión, autores como André Malraux piensan que “el Estado frente a la creación debe apoyar sin intervenir”, pues existe el temor de que con un Estado regulador y controlador en cuanto a las diversas expresiones artística y culturales, se pueda “quedar amarrado a los paradigmas y dejar por fuera los nuevos órdenes, las texturas emergentes, las nuevas incomodidades, la expansión humana”. Sin embargo, en cuanto al patrimonio material y su intervención, otros consideran que un Estado leseferiano, que deja hacer y deja pasar, no conviene puesto que, contrario a la creación, lo que está en juego es la destrucción, desaparición, malformación o alteración de nuestra historia.

El Estado, en este caso, debe proteger el patrimonio histórico, “congelado en el tiempo… para que las próximas generaciones tengan un testimonio de lo que pasó allí … El Estado no puede ser pasivo, pues allí tiene una participación activa como garante de la memoria colectiva”, afirma Juan Luis Mejía.

En el caso de Cartagena de indias, reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984, este impasse debe abordarse sin ambages. La discusión debe darse dentro del colectivo social. Y es urgente. ¡Debemos evaluar cuán comprometido puede estar nuestro patrimonio cultural!

El desarrollo turístico, la consolidación como ciudad para segunda vivienda de personas con altos ingresos y la creciente explotación comercial, presionan hacia una Cartagena modernizada, cada vez más parecida a otras ciudades del mundo.

La sociedad entera debe rodear al gobierno distrital y a las entidades -oficiales y privadas- para evitar que depredaciones en el centro histórico y su periferia, comprometan nuestro patrimonio histórico y cultural. El valor de esta ciudad está justo en eso que no se puede ni debe cambiar y que es esencia de nuestra identidad cultural.

¡Debemos evaluar cuán comprometido puede estar nuestro patrimonio cultural!

*Directora IPCC
luciaarnedo@hotmail.com

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