El país rodea al presidente Santos en su exigencia a las Farc y ELN para que cesen los ataques a la población civil ajena al conflicto; exigencia que debe extenderse contra todos los hechos prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario. El criterio de los insurgentes, de que es necesario cometer esa clase de actos para obtener mejores términos de negociación con el Estado, está inspirado en un criterio perverso que, lejos de darles una posición política respetable ante propios y extraños, contribuye al desprestigio de la causa revolucionaria que dicen abanderar.
Realizar actos de guerra atroces, mientras se negocia la paz, es una afrenta contra el gobierno que busca la solución política del conflicto y una estupidez que mina el proceso, el cual puede llegar a ser éticamente inviable y jurídicamente imposible por esa razón.
No se entiende que cuando se quiere ambientar la reinserción política de los guerrilleros a la vida institucional del país -incluso con derechos de representación en los cuerpos colegiados-, los potenciales beneficiarios ejecuten hechos que le quitan piso moral a propuestas semejantes, las cuales no tendrían futuro alguno en el referendo planteado para aprobar los posibles acuerdos de La Habana.
Ante la escalada de violencia guerrillera, las palabras conminatorias del presidente Santos, dirigidas a los movimientos subversivos de las Farc y del Eln, tienen justificación. Pero lo que no puede quedar indefinido es saber cómo se deben cumplir las exigencias hechas por el primer mandatario de los colombianos.
Creímos, en un momento, que el emplazamiento presidencial tendría eco inmediato en La Habana y que los negociadores del gobierno plantearían a los que representan a la insurgencia, con claridad y firmeza, suspender las conversaciones si no se firmaba un acuerdo inmediato de respeto al DIH. ¿Por qué?, ¿acaso será necesario que ocurran hechos peores y que caigan miles de víctimas más para replantear el proceso de paz?
Con el ex presidente López en el pasado y hoy, con el ex presidente Samper a la cabeza, hemos pedido que, mientras se firma la paz, se humanice la guerra. Un requerimiento obvio que, sin embargo, no ha tenido desarrollo.
No basta que nuestro Presidente proteste tantas veces ocurran hechos atroces cometidos por las fuerzas subversivas, porque, éticamente, el mandato de paz que le fue otorgado en las urnas no puede coexistir con actos de guerra prohibidos y menos tolerados dentro de un proceso de negociación, como ha venido ocurriendo, lamentablemente.
De donde, la única vía -para no hablar de la tercera que inspira el pensamiento presidencial en otros estadios-, es replantear el proceso de paz para humanizar nuestro conflicto.
*Ex congresista, ex ministro, ex embajador.
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