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Rompamos inercias

RAFAEL VERGARA NAVARRO

Por: RAFAEL VERGARA NAVARRO

1 de Octubre de 2017 12:00 am

La bahía de Cartagena, por la que la Procuraduría General clama y exige acciones, soporta una actividad económica intensa y una irresponsabilidad histórica notoria. Además de la Armada funcionan 57 muelles de carga, pesca, cabotaje, almacenaje, infraestructura, petroquímica, astilleros, etc. Unos usuarios se comportan con rigor, otros actúan con displicencia o ignorancia. No valoran que su conducta agresora contamina, impactando con fuerza ese hoy estuario de 12 x 6 km de longitud y un área de 80 km².

A pesar de la actividad creciente y el consiguiente impacto ambiental -por sus muelles se moviliza el 55% de la carga del país, 1´417.778 toneladas en 2016- se desatienden las alarmas que lanzan entes de control y universidades. En agosto de 2014, la Contraloría emitió una Función de Advertencia por contaminación y daños ambientales que el tiempo ahogó.

Como hace hoy la Procuraduría, en aquel momento el ente de control solicitó a las autoridades la adopción de medidas ante “los impactos y daños ambientales por la confluencia de distintas actividades antrópicas, fuentes de contaminación compleja y acumulativa que genera degradación de los recursos naturales, paisajísticos y culturales”.

Tanto la Contraloría como ahora el  procurador ambiental nos alertan sobre lo que sabemos, “que algunos vertimientos provienen de empresas industriales, especialmente de Mamonal y de infraestructuras turísticas, de descargas de aguas residuales directas (Tierrabomba), deforestación del mangle, transporte marítimo, y en especial por los sedimentos del Canal del Dique”.

Las dos entidades piden que autoridades y ciudadanos tengamos una visión global sobre la afectación de los bienes y servicios ambientales de nuestra bahía y que los  que conforman el Sistema Nacional Ambiental y entes territoriales actúen coordinadamente en las soluciones.

Esto hace el procurador al instar al Ministerio de Ambiente -en mora de  definir la capacidad de carga de la bahía- para que lidere a las autoridades ambientales y territoriales en las acciones urgentes e inversiones encaminadas a la protección inmediata del cuerpo de agua, frente al daño ecológico, los rellenos y a sus efectos irreversibles. Esta acción tiene que contribuir a romper inercias. Para bien de la ciudad la orden de la Procuraduría llegó en un momento en que es ineludible que Minambiente mire más al Caribe, y como se lo exige el ministerio público, diseñe y formule una política pública orientada a educar, reducir la contaminación, trabajar en la recuperación ambiental y evaluar el establecimiento de un distrito de manejo integrado de la bahía y la región.

El macroproyecto del Canal del Dique en su fase final lo exige. Cuando se construyan las ya diseñadas esclusas de Calamar y Puerto Badel habrá una recuperación paulatina e integral del ecosistema marino, no llegarán sedimentos y disminuirá el aporte de agua dulce. Solo entonces, la calidad del cuerpo de agua y de la vida podrán ser óptimas.

rvergaran@yahoo.com

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