Que el acuerdo con la Farc quedara incorporado a la Constitución Nacional con carácter de “inmodificable”, cuando la misma Carta puede serlo mediante procedimientos claros, era otro de los goles que la guerrilla logró meterle al Gobierno que preside Juan Manuel Santos. Afortunadamente la Corte Constitucional le quitó ese blindaje, permitiendo que pueda ser modificado en el Congreso.
Igual que hace algún tiempo, le permitió también al Congreso, debatir y modificar las leyes que el Gobierno expidiera para dar cumplimiento a lo acordado; circunstancia que estaba prohibida explícitamente en el acuerdo. Si Santos, sus áulicos y amermelados, no visualizaron lo dictatorial de lo actuado, quienes no le apoyaron su plebiscito (los del No, y los que se abstuvieron), y la Corte Constitucional, sí. Se estaban erigiendo en constituyentes sin tener apoyo popular, solo armas.
El tema de la JEP es otro de esos goles. “No es comprensible que quienes debieron armarse ante la ausencia y desmotivación del aparato militar del Estado; o patrocinar grupos armados para defenderse de la crueldad de la guerrilla, deban ser juzgados. Fue un asunto de defensa propia, de supervivencia. Ni que estos, cuando asumieron la responsabilidad constitucional de hacerlo, lo sean. Escapa a lo más elemental del sentido común; a toda lógica”, escribí en “Apuros”, columna recientemente publicada en El Universal.
Todo esto, desde el mismo Fast Track que exigía apoyo popular, según el AL 01 del 2016, y que le fue negado a pesar de todo lo actuado por este Gobierno para enredar a los votantes (y al mundo entero) en ese laberinto de parafernalia, incoherencias, engaños, y amenazas, ha sido tramposo; y lo que se construye con trampas -bien es sabido- es difícil de sostener.
La oposición, racional por primera vez en nuestra historia reciente, pretende derogar mediante referéndum, los actos legislativos 01 del 2017, que crea la JEP; el 02 del 2017, que blindaba los acuerdos (ya la Corte se pronunció rompiendo el blindaje); y el 03 del 2017 que permite la participación en política de la Farc. Respecto a este último, bien es sabido que la prohibición legal de que personas condenadas en juicios puedan ocupar cargos públicos (de elección, o nombramiento), obedece, en su espíritu, a la lógica de proteger a los ciudadanos contra el gobierno de delincuentes: la amnistía no limpia esa condición, que es inherente al alma del individuo.
El Consejo Nacional Electoral ya dio luz verde a la recolección de firmas, y en la página web de la Registraduría se encuentran los formularios a utilizar. Está por verse si Santos, y el acuerdo, resisten esta prueba de fuego. Recurrirá -no lo dudo- a lo que le hemos conocido: intimidación, mentiras y trampas, pero a mi entender, poco a poco se va cayendo todo lo que se levantó sin bases firmes, porque la paz no se puede lograr con el rechazo de tantos.
*Ing. Electrónico, MBA
MIGUEL YANCES PEÑA*
movilyances@gmail.com
Comentarios ()