Desde hace más de dos lustros existe el Acuerdo No. 017 de 2004 “Por el cual se crea el Sistema Distrital de Nutrición y se dictan otras disposiciones”, del que soy autor con mi excolega Alberto Bernal. Debido a que no se ha priorizado la inversión en la población más vulnerable no hemos logrado el desarrollo y el impacto que buscamos con esta iniciativa a pesar de ser los pioneros, mientras que países como Brasil y ciudades como Bogotá han tenido éxito en estos programas.
La necesidad de garantizar la alimentación con estándares de calidad y cantidad a la población de cero a cinco años y que la población de mujeres embarazadas pueda tener acceso a los comedores y recibir los alimentos necesarios por su condición, ya que los índices de anemia carenciales, principalmente la ferropénica y de folatos en la Costa Caribe, son preocupantes. Desde ahí parten muchas dificultades del feto y luego del recién nacido y hay urgencia de que la lactancia materna no solo sea en los seis primeros meses sino hasta los 2 años de edad, pues ha demostrado sus beneficios. Desafortunadamente la cobertura educativa en los primeros cinco años de edad es la más baja, creando dificultades adicionales al no tener la población focalizada, ya que los primeros cinco años de vida son los más importantes en el crecimiento y desarrollo del sistema nervioso central.
Se deben implementar políticas públicas de hábitos alimenticios saludables en los estudiantes y en toda la población, porque además de los pocos recursos económicos de las familias más vulnerables en alimentación, duele que tampoco sepamos alimentarnos.
Si bien ésta Administración ha hecho esfuerzos importantes en el grupo etario más vulnerable, es preocupante lo que sucede en el país en cuanto a la falta de compromisos de la interventoría en las instituciones o empresas favorecidas con el suministro de alimentos (carteles de la alimentación).
Es obligatorio que en la próxima revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) queden incluidas fronteras agrícolas que nos permitan garantizar la producción y el suministro de alimentos, e ir en concordancia con el Plan de Desarrollo Departamental, los POT y los planes de desarrollo de los municipios que conformen el área metropolitana.
Las políticas públicas agrarias del Gobierno nacional van en contravía de garantizar la seguridad alimentaria y de contar con despensas alimenticias, pues las tierras más fértiles de la ciudad y de nuestra área de influencia, como Marialabaja, han sido tomadas por el cultivo de palma de aceite. No debemos olvidar que los próximos conflictos en el mundo se desatarán por el dominio de la producción de alimento y las reservas de agua.
Concejal partido Conservador
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