El fallo de la Corte Constitucional, aún pendiente, por las demandas contra el “Marco Jurídico para la Paz”, definirá la suerte de las negociaciones en La Habana. Supone el ciudadano del común que se ratificarán los principios constitucionales que rigen nuestro Estado de Derecho y los compromisos asumidos en tratados internacionales, que protegen a las víctimas y tutelan sus derechos a la verdad, justicia y reparación. Un reconocimiento en el que esta sociedad no puede transar por razones morales y legales.
Sin embargo, recientemente hay quienes pretenden convertir los diálogos en una oportunidad para levantar salvaguardias al lavadero de atrocidades cometidas por las FARC y permitir que este grupo narcoterrorista haga política, sin pagar un solo día de cárcel por sus crímenes y sin resarcir a las víctimas. No será fácil. El alcance del “Bloque de Constitucionalidad” que nos gobierna es claro. Hace compatibles los deberes y derechos consagrados en la Carta del 91, con los convenios o tratados internacionales sobre derechos humanos que hemos ratificado.
Además, cuando la Corte declaró exequible el Tratado de Roma, el más importante para estos efectos, sostuvo que las “concesiones” –amnistías, indultos o perdones judiciales–, están sujetas a la observancia estricta de la Constitución y las normas del Derecho Internacional Humanitario aprobadas por Colombia, restringiéndolas a delitos políticos. ¿Qué significa entonces el fallo? Que los crímenes de guerra, genocidios y de lesa humanidad cometidos por las Farc, deben ser judicializados por Colombia, sin excepción y sin interpretaciones del administrador de justicia.
Entonces, bajo el ordenamiento constitucional, o aun reformándolo, el país no podría dar beneficios jurídicos o políticos para los cabecillas de las Farc, que ordenaron o ejecutaron actos de lesa humanidad, como para que ahora digan que esa barbarie es conexa al “delito político o culposo”. Así lo reconoció Naciones Unidas.
Más aún, o Colombia enjuicia penalmente a las Farc o enfrentará la intervención de la Corte Penal Internacional u otros tribunales de “Estados no parte en el conflicto”, para cumplir esas labores.
Por el respecto a las víctimas y sus derechos, es preciso que esta sociedad comprenda que la impunidad es terreno movedizo de una paz frágil e insostenible, que envilece la reconstrucción del tejido social. La catarsis debe edificarse sobre la base de “hacer justicia” contra los perpetradores y proteger la dignidad de las víctimas.
Está escrito en la impronta de la evolución del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, como para que ahora lo “lavemos” en la trampa “express” del obsceno show mediático de La Habana.
*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN
jflafaurie@yahoo.com
@jflafaurie
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