Cartagena de Indias es un cuadro entristecedor de un desastre económico, político y social que no podemos callar ni ocultar.
Los dirigentes políticos, cómplices del saqueo de los fondos públicos siguen al mando de la ciudad, y no sabe uno cuáles son peores, si los que están o los clanes de familias politiqueras que quieren nuevamente llegar.
El retroceso social, el estancamiento económico, no es un hecho aislado del desastre social sin precedentes que vive Colombia por cuenta de la corrupción descarada, cínica, de los históricos partidos tradicionales.
La clase politiquera de Cartagena maneja a su antojo la contratación, sigue en la práctica siendo una empresa privada de la que se enriquecen los financistas de campañas y las conocidas mafias de la parapolítica.
La capital turística, dueña del puerto y la refinería más importante del país, la planta de cemento más importante de Latinoamérica, riqueza natural y ubicación geopolítica envidiable, es también un enorme pozo de robos.
La regla general y no la excepción, de ese cuadro de postración, es que los alcaldes de elección popular de Cartagena enfrentan cargos por corrupción, omisión y desconocimiento de las más sentidas necesidades populares: hay desempleo y pocas oportunidades de trabajo digno, el hambre azota a barrios tuguriales, el paseo de la muerte a la salud, hay colegios en pésimo estado, crecen los pagadiario, y la prostitución y el trabajo infantil.
Irrumpen bandas del paramilitarismo urbano que extorsionan a comerciantes y profesionales, aumentan el microtráfico, la ya alta inseguridad, dejando a su paso una ola de asesinatos que quedan impunes.
La economía informal desborda calles y avenidas, la mendicidad aumenta, los desplazados, la juventud sin inversión social que termina delinquiendo y al servicio de la delincuencia organizada.
Lanzamos un SOS por Cartagena, se necesita hacer un gran esfuerzo unitario de los honestos y ciudadanos de bien, hacia qué hacer con este desastre económico, político y social tan grave.
Debemos iniciar una campaña de moralización de la mafia legalizada, integrada por funcionarios administración pública, entes de control, la Fiscalía, los jueces, la Procuraduría, dedicados a defraudar el erario.
Ante la arremetida del régimen de los ilegales que han secuestrado al Estado y la institucionalidad, el pueblo tiene que despertar y reaccionar, para conquistar las transformaciones del Estado que hagan posible la paz. Ante este oscuro panorama, al pueblo colombiano le deparan estos dos años grandes luchas por mantener sus organizaciones sociales, y ser partidos alternativos con visión seria de poder.
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