Los últimos actos del Gobierno de Maduro en la frontera con Colombia, en aplicación del estado de excepción aprobado por el parlamento de ese país el 21 de agosto, son execrables desde toda óptica.
No hay argumento político o de seguridad nacional que respalde la actitud de Venezuela con los colombianos en su territorio y menos aún el actuar arbitrario de las autoridades venezolanas al deportarlos, máxime que el derecho internacional lo prohíbe, amén de que ellas mismas, durante años, por acción u omisión permitieron asentarse a los colombianos en su territorio sin las formalidades legales. El desalojo de colombianos por la Guardia de Venezuela nos recuerda al Ejército Alemán cuando perseguía a los judíos en la segunda guerra mundial, pero Maduro desaloja a los colombianos no para recluirlos en un campo de concentración sino para exiliarlos en su propio país, Colombia.
De este lado, históricamente hemos visto el desdén del Estado colombiano para garantizar los derechos de sus nacionales y cumplir las obligaciones que constitucionalmente le corresponden.
El rezago histórico de Colombia en proteger a sus asociados en honra y bienes, se ha visto tanto en lo doméstico como en lo internacional. Las fronteras no han sido la excepción, no es un secreto que por años los colombianos allí subsistan en gran parte de los bienes que entran de Venezuela. Basta solo con visitar a Maicao para constatar que a orilla de carretera se vende desde el jabón de baño hasta la leche para neonatos, y también la gasolina venezolana, todo de contrabando. Esto sucede ante las narices de las autoridades de ambos países.
Es hora de que Colombia implemente una política macroeconómica y social en las fronteras, que propicie empresas que generen empleo formal y contribuyan al desarrollo socioeconómico allí.
Vemos que Maduro usa despóticamente la precariedad de los colombianos en la frontera como arma política para obtener réditos en su maltrecha política interna y de paso enrostrarle al Gobierno colombiano que en la frontera la posición dominante es de Venezuela.
Como colombianos debemos exigirle a nuestro estado velar por la honra y bienes de sus asociados en lo doméstico e internacional, para que nos respeten en el exterior y cese el trato de parias. Como sucede con el padre que abandona a sus hijos, cualquier prójimo los reprende sin razón aparente.
*Abogado
RONALD OLIER LUGO*
roliersss@hotmail.com
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