Son muchos los asuntos que se deben resolver en 2018. Lo más inmediato es lo relativo a la elección presidencial y la composición del nuevo Congreso.
De manera concreta, hay desafíos que deberán enfrentar tanto el próximo Gobierno, sea cual sea su jefe, como el Estado colombiano en su conjunto, con el fin de evitar que la República se diluya y que fracase el sistema democrático.
Enunciamos algunos: hay necesidad de emprender una lucha franca y sin cuartel contra la corrupción, no solamente la que afecta a los órganos de la administración sino la que ha venido aumentando en parte de la rama judicial –inclusive en altas corporaciones- y en otras instituciones, en los departamentos y municipios, en la contratación pública, en la salud, en la educación y en la actividad política, a todos los niveles. Se requiere una labor que integre al Gobierno, al Congreso, a la Procuraduría General, a la Fiscalía General, a los tribunales y a los jueces, para que de manera implacable se aplique la ley y se impongan las sanciones a los responsables, sin impunidad, a la vez que se adopten las medidas y políticas para cerrar las puertas que suelen usar los corruptos para sus nefastos propósitos.
La economía colombiana está muy mal. Nos han rebajado la calificación. El desempleo real -que es el que debería medir al DANE- es enorme, y quienes trabajan reciben unos salarios exiguos, a la vez que las empresas no resisten la irracional e inequitativa carga tributaria.
Los nuevos gobernantes y congresistas deben tomar conciencia acerca de los daños enormes que al país ha causado y causa el narcotráfico. El territorio está infestado de cultivos de coca y, en cuanto a la posible descertificación de los Estados Unidos, dependemos del inestable genio de Donald Trump.
A esa proliferación de la coca hay que ponerle coto urgente, no solo con la Fuerza Pública sino con la actividad de los fiscales y jueces, así como mediante políticas sociales y económicas que permitan la supervivencia de las comunidades indígenas y campesinas que dependen de esos cultivos para subsistir.
En cuanto al microtráfico de estupefacientes, la situación es gravísima, pues se incrementó el consumo con base en la discutible tesis del libre desarrollo de la personalidad, incluso en los colegios. Es necesario hacer efectiva la prohibición de la dosis personal, del porte y consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas (A.L. 2 de 2009), y dotar a la Policía, a los fiscales y a los jueces, de las herramientas para capturar, someter a proceso y condenar a los responsables del microtráfico.
El orden jurídico ya no es un orden sino un maremágnum, en cuanto la Constitución fue manoseada, en parte sustituida y rota su estructura por normas aprobadas a la carrera, sin estudio ni debate, y por vacilantes y contradictorias sentencias de control constitucional.
Es mucho lo que se debe hacer este año, tanto por el Gobierno como por las otras ramas y órganos del poder público.
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