En esta nueva etapa del Congreso debemos abrir un compás de confianza sobre el desarrollo de sus actividades legislativas: congestionadas de proyectos del Gobierno y del propio Congreso; amén del control político a través de debates promovidos por la oposición, pero algunos de ellos por partidos afectos al Gobierno, como el de la venta de Isagén, donde, además del proponente –el Partido Liberal Colombiano-, concurrieron los partidos, todos a una, para expresar su desacuerdo de vender ese bien público y cuyo primer efecto fue el de lograr aplazarla por un año, pues el Gobierno oyó la protesta in crescendo en los distintos estamentos de la nación, por considerarla inconveniente, hasta vaticinar que, finalmente, la operación no se consumará y que se buscarán otras fuentes para financiar las carretearas de 4ª generación y otras megaobras.
Habrá que confiar, igualmente, en el buen juicio de las directivas de las cámaras, las cuales deben hacer una equitativa distribución del tiempo para cumplir las mencionadas atribuciones del Congreso, con apego a los reglamentos, o lo que es lo mismo, con respeto al derecho de las bancadas para expresar sus acuerdos y desacuerdos.
Dentro de ese enfoque garantista, uno espera que tres de las grandes reformas de las cuales se ocupará el Congreso, la de la justicia, la político-electoral y la de la salud, puedan debatirse con amplitud y profundidad y culminar satisfactoriamente, pues son tan necesarias para reordenar la marcha de nuestro estado social de derecho que sin ellas caminaríamos hacia su destrucción.
Por otra parte, tendrán especial resonancia los debates de control político sobre la marcha del proceso de paz –más allá de los trinos que se escuchan-, la seguridad en las fronteras, los efectos de las sequías y ojalá haya tiempo para que el Congreso examine la invasión de sus propios fueros, los cuales, a través de varias sentencias que ha dictado la Corte Constitucional, desvirtuó normas constitucionales vigentes sobre derechos adquiridos y régimen de pensiones, y en una de sus últimas sentencias, para justificar la inaplicación de normas constitucionales sobre prevalencia de los tratados –incluidas las recomendaciones de la OIT, las cuales protegen las convenciones colectivas de los trabajadores-, con la teoría de que existe un margen discrecional de las autoridades, incluidos los jueces, para interpretarlas, apreciarlas y dejar de aplicarlas, así sean obligatorias y vinculantes; tesis inspirada en “el nuevo derecho” que viene minando la seguridad jurídica en nuestro país, con los riegos que advirtiera el hoy Ministro de la Presidencia, doctor Néstor Humberto Martínez en artículo publicado en Ámbito Jurídico el 29 de mayo de 2013.
*Ex congresista, ex ministro, ex embajador.
edmundolopezg@hotmail.com
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