El pasado 9 de marzo miles de habitantes de una pequeña isla muy cercana a Cartagena se convirtieron en noticia nacional porque no votaron para elegir los senadores y representantes a la Cámara, como protesta al olvido en que los gobernantes nacionales y locales los han condenado por centurias.
Toda la razón de protestar pacíficamente les asiste a estos pobladores de una isla donde carecen de sus más elementales derechos: el agua potable es una quimera, tienen que comprarla todos los días a un particular que la lleva en unos bongos por valores astronómicos; carecen de un hospital y tienen que aceptar la visita de un médico que va tres días a la semana por 4 o 5 horas, porque a las dos de la tarde se devuelve para Cartagena, mientras que el presupuesto de este sector en el Distrito supera los 300 mil millones de pesos que terminan engordando las arcas de las fatídicas EPS; todavía cocinan con leña porque no hay gas y cuando compran la pipeta, su valor es superior a lo que se paga en el estrato 6 en su recibo de gas; no tienen un muelle para sus lanchas y deben hacer maromas acrobáticas diarias para subir y bajar de las lanchas; Electricaribe les cobra por un servicio de energía deficiente; la recreación para los niños y adolescentes es un lujo porque no existe; pero además la educación es precaria.
Si a todo esta lista de necesidades básicas insatisfechas le agregamos la desidia e ineptitud de los gobernantes, encontramos el cuadro perfecto para vivir confinado en el infierno. Como botón de muestra desde finales de 2012 se consiguieron por regalías 25 mil millones de pesos, para la defensa costera de la Isla que sufre una erosión de gran envergadura desde hace decenas de años. Lo cierto es que el dinero se devolvió por la ineficiencia de nuestros gobernantes y a la fecha no se ha podido determinar la responsabilidad del Gobernador y del Alcalde, pero hoy no hay plata; o qué decir de la famosa licitación de más de mil millones para construir un espolón, donde el contratista no ha cumplido y están casi perdidos más de 600 millones de pesos entregados como anticipo.
A esta dramática situación social y económica de más de 15.000 habitantes de la Isla, le sumamos que los nativos no poseen título de propiedad, a pesar de que llevan centenares de años en el territorio, porque la Nación y el Distrito de Cartagena se consideran sus legítimos dueños; además es por lo menos llamativo que en el instituto Agustín Codazzi, 55 particulares, seguramente de muy buena alcurnia, ya están registrados como propietarios en la Isla.
La pregunta de los isleños al alcalde Dionisio Vélez es ¿cuántos de los 250 mil millones de pesos del endeudamiento del Distrito se invertirán en Tierra bomba?
*Concejal Polo Democrático Alternativo
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