En una sociedad democrática los bandidos deben estar tras las rejas pagando por sus delitos y no ocupando cargos de elección popular. Que hagan política envía un pésimo mensaje de impunidad. Aún más dañino es que puedan hacerla sin expresar abierta y públicamente su arrepentimiento, sin contar la verdad sobre sus crímenes y sin reparar a las víctimas. Es aún más grave que hagan política con beneficios y privilegios que los ciudadanos de bien, que nunca han delinquido, no tienen.
El principio de igualdad frente a la ley es la columna vertebral de la democracia, violar ese principio para favorecer a los criminales es, quizás, la más repugnante consecuencia del pacto entre Santos y las Farc. La otra cara de esa ruptura es la instauración social de la idea de que si usted mata de manera sistemática, más temprano que tarde encontrará un gobierno claudicante y arrodillado que no solo no perseguirá sus crímenes, sino que los premiará con más derechos y prerrogativas que los de que nunca hemos delinquido. Eso es lo que ocurrió. Por ejemplo, si un ciudadano es condenado por el menor de los delitos comunes, no puede ocupar un cargo de elección popular. Si es de las Farc, podrá hacerlo sin importar sus delitos. Los partidos políticos son financiados por el Estado según los votos y los cargos de elección popular que obtuvieran en las anteriores elecciones. Las Farc serán el partido mejor financiado del país hasta el 2026, sin sacar un solo voto o elegir un solo edil. Y hay que agregarles la fortuna criminal que les será legalizada con el decreto 903 de este año, al que me referí en columna pasada como el mecanismo para la más gigantesca operación de lavado de activos de la historia. Si un ciudadano cualquiera quiere ser senador o representante tendrá que sacar más votos que todos sus competidores; y las Farc, sin un solo voto, tendrán diez congresistas. Y puedo seguir.
La impunidad rampante y el grosero desequilibrio a favor de las Farc quedaron patentes con el anuncio de la candidatura presidencial del jefe de los bandidos, alias Timochenko. Demuestra, además, que lo que advertimos en la campaña del plebiscito era cierto y que quien mintió con descaro fue Santos, cuando en el debate de la campaña presidencial del 14 afirmó sin ruborizarse que “cualquier persona que haya cometido crímenes de lesa humanidad tiene que ir a la cárcel”; cuando, un año más tarde, dijo que “no hay la menor posibilidad de que puedan hacer política con armas”, y cuando afirmó que Timochenko nunca sería candidato presidencial. No, no éramos nosotros quienes mentíamos.
La candidatura ofende a los colombianos y despertó, con razón, gran indignación. Si toleramos que hagan política a cambio de dejar de matar es que antes cumplan con sus obligaciones: desarmarse, devolver a los niños reclutados, entregar a los secuestrados desaparecidos, identificar los socios del narcotráfico, las pistas y los laboratorios, y poner sus bienes y dineros a disposición del Estado para reparar a sus víctimas.
Muy mal anda un país en el que un criminal de lesa humanidad aspira a la Presidencia y, mientras tanto, sus crímenes quedan impunes.
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