Por fortuna, las campañas electorales se desarrollan en el país sin signos de violencia. Ello no quiere decir que sean ejemplares. La corrupción no deja de manifestarse en varios de sus aspectos perniciosos. Por ejemplo, en la violación de los topes señalados por el Consejo Nacional Electoral para la propaganda de las candidaturas.
En algunos departamentos, esa transgresión es escandalosa. Los costosos avisos de prensa, de las cuñas radiales y de las vallas sobrepasan lo permitido, sin que se sepa que el Consejo Nacional Electoral haya intervenido dentro de sus facultadas de vigilancia preventiva para evitar que ello ocurra. Al parecer sus ojos no ven más allá de los linderos de la capital de la República.
Investigar después de las elecciones, en cierta forma, es ridículo. Porque el haber contribuido por omisión de sus deberes a que ese fenómeno irregular del proceso electoral se presente, entraña un cuestionamiento a sus funciones de vigilancia.
En el fondo, ese abuso se da por el sistema electoral que nos rige, en el cual se dio cabida a dos procedimientos de elección que promueven la corrupción: el de la circunscripción nacional para elegir senadores y el voto preferente dentro de las listas partidistas. En uno y en otro se propicia que el dinero finalmente tenga mayor incidencia en las elecciones.
Cuando prohombres de la política se pronuncian contra la corrupción sin hacer referirse a esas fuentes que la hacen posible, nos damos cuenta de que la complicidad es más grave de lo que uno en principio piensa. Incluso, los directores de los partidos no han asumido como un deber ético –y no solamente político-, eliminar tales procedimientos perversos. Y qué decir de los legisladores que, elegidos bajo ese régimen electoral y como sus beneficiarios, no quieren desmontarlo.
Nuestra democracia está atrapada por el dinero. Quien invierta más en las elecciones tendrá más posibilidades de ser elegido, así no circulara una sola idea o una propuesta seria que fundamente su elección. Los partidos, convertidos en bancos de avales y en “partidos de los parlamentarios”, no tienen, como lo expresamos, una perspectiva ética en su funcionamiento.
Cuando se plantea convocar a una nueva Constituyente no se esgrime como buena razón, reformar el sistema electoral y concretamente, acabar con los procedimientos que sirven para que las elecciones sean un mercado del capitalismo salvaje, en el cual la capacidad económica de los candidatos prevalece sobre otras consideraciones, entre estas, la inteligencia, la preparación y la lealtad a los principios democráticos.
Ha sido tal el decaimiento de la majestad del Congreso, que hoy apenas se le tiene como una oficina adscrita al poder ejecutivo, tema para otro artículo.
*Ex congresista, ex ministro.
edmundlopezg@hotmail.com
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