Abril es un mes importante para el periodismo en EEUU. Se entregan los prestigiosos Pulitzer que premian el servicio público de medios y periodistas que denuncian lo que muchos quieren que permanezca en la oscuridad, en especial las rutas del dinero mal habido, público o privado.
No todas las investigaciones tienen suerte. Una excelente del The Miami Herald quedó sin premio, aunque puso a un grupo de policías de Bal Harbour, zona del sofisticado shopping mall de Miami, en el banquillo de la Justicia, al devolver a una banda de narcotraficantes dinero que había sido incautado por lavado y usado por los propios policías para sus lujos.
En América Latina las investigaciones del periodismo son hasta más resonantes, pero la diferencia es que la Justicia no actúa en forma rápida y eficiente, ya sea por negligencia, falta de recursos o sometimiento al poder.
La corrupción suele ser tema recurrente en la conversación pública y el debate político, argumentándose siempre las mejores prácticas para debilitarla. En especial cada vez que en un país y en una época se toca fondo y resurge la idea del saneamiento moral. Se echa a los políticos como podría pasar en Brasil y se renuevan las autoridades como ocurrió tras el “corralito” argentino. Pero luego, como por arte de magia, se incurre en iguales o peores abusos que en el pasado.
A menudo se desaprovechen los momentos de quiebre en los que la sociedad reclama más ética y moral. Para esos puntos de quiebre no faltan oportunidades. Una de ellas son los Panamá Papers. Pero incluso con la filtración de documentos que comprometen a muchos líderes de gobiernos y corporaciones con compañías offshore, no se observó que los sistemas judiciales hayan actuado con premura investigativa, más bien se los notó cautos e incrédulos.
Hubo sí buenas reacciones políticas. El gobierno panameño, siempre refugio de secretos y evasores, firmó acuerdos de transparencia financiera con Alemania. Y Mauricio Macri, aunque no convenció con su defensa, aceptó presentarse ante la justicia.
En Argentina, por otro lado, la ruta del dinero K se transformó en una búsqueda del tesoro escondido (y enterrado) en las estancias de Lázaro Báez, una muestra de la labor titánica que deben hacer las fiscalías para encontrar lo que se le robó al pueblo.
Brasil es un caso aparte. Dilma Rousseff puede quedar en la calle por malversación, aunque de los 547 legisladores que la enjuiciarían, más de la mitad tiene cuentas pendientes ante la Justicia.
Lamentablemente no se aprovechan las oportunidades ciclotímicas en las que se reclama ética y castigos para derrotar la corrupción. La falta de voluntad política, las escasas herramientas que se le dan a la Justicia y la cultura general de la viveza criolla, alimentan ese círculo vicioso de corrupción e impunidad, generándose no solo un clima asfixiante, sino uno extremadamente riesgoso para la salud de la democracia.
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