Es verdad que un puñado de badulaques que se jubilaron como congresistas y magistrados se beneficiaron de liquidaciones tramposas que presionaron o pagaron. Pero eso no autoriza a medir con rasero igual a la gran mayoría de ex congresistas y ex magistrados que fueron liquidados con arreglo a la ley. Sólo un 0,5% de los reconocimientos hechos por el Estado a los jerarcas del Congreso y las Cortes se efectuaron de modo irregular, con mala fe o dolosa desfachatez.
De manera que por un 0,5% de los altos ex funcionarios no hay que satanizar al 99,5% de los que obtuvieron el estatus de buena manera, ni se justificaría que un derecho adquirido anterior al tope de los 25 salarios mínimos se desconociera, por sentencia judicial, simplemente para ceder a un asedio mediático que ha magnificado las consecuencias fiscales de un fenómeno social de ocurrencia universal. Pero no: los justos están a punto de pagar caro los abusos de los pecadores.
Sin embargo, hay otras troneras en el gasto público que son intocables, casi sagradas. Nadie las menciona, ni las combate, ni siquiera los medios periodísticos más celosos de su capacidad de vigilancia. Una son los espectaculares esquemas de seguridad al servicio de otros ex funcionarios transportados en carros blindados, con chofer, gasolina y escoltas pagados con dineros públicos. ¿A cuenta de qué esos caballeros y sus familias gozan de semejante privilegio en un país donde los 46 millones de habitantes estamos expuestos al terrorismo de dos guerrillas y una decena de bandas criminales?
Otra son los cupos indicativos (eufemismo vigente de los auxilios parlamentarios). Continúan vivitos y corrompiendo gobernadores, alcaldes, burócratas menores y contratistas, pues cada senador y representante indica a quiénes se les adjudican los contratos que se ejecuten con esas cuotas especiales en las cuales es experto el presidente Santos desde que fue ministro de Hacienda. ¿Cuánto le cuesta tamaño banquete al Tesoro Nacional?
Nos deben la respuesta los doctores Santos Calderón y Cárdenas Santamaría, más la obligación de acabar con esos barriles sin fondo a los cuales no se refirieron mientras preparaban la reforma tributaria y anunciaban la futura utilización de los recaudos. ¡Ah!, pero es que de los patriotas con curul y de sus votos espurios depende la reelección de los presidentes, y un silencio cómplice con cruce de brazos impide las estampidas hacia otras toldas. Los frutos de la ley de restitución de tierras son tan inciertos como la paz con Timochenko.
En Colombia, ahora, el que manda obedece. ¡Ay!, si Calibán viviera cómo nos gustaría leer una Danza de las horas sobre las flaquezas de su nieto estadista, comenzando por su fuga del liberalismo.
ÑAPA. Mi lógica, la mía y sólo la mía, me dice que el informe que publicó Semana sobre la tenaza de los García Romero es exagerado e injusto, porque si fuera cierto lo que le atribuyen, el jefe del Estado, el procurador general de la Nación y la contralora general de la República no hubieran asistido, el pasado 3 de enero, a la fiesta tradicional de la familia en casa del patriarca del clan, por mucho que atraigan la envidiable inspiración de Adolfo Pacheco y los dedos mágicos de Rodrigo Rodríguez Lora.
Columnista
carvibus@yahoo.es
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