No obstante el carácter laico que proclama, sugiere o entrevé la vigente Constitución Política de 1991, o sus desarrollos posteriores, Colombia es, si no el único, uno de los pocos países de occidente, en el cual Dios elige, es elegido, legisla, preside y gobierna, situación que, valga decir, contradice y excluye la laicidad como precepto inalienable del Estado.
Y, por supuesto, consagra a Dios como el gran elector; el que decide quién gana las elecciones, quién las pierde, a cuál partido y candidatos avala; cuántos y por cuáles circunscripciones entre pastores, pastoras y apóstoles, ya también se hacen llamar tales las y los predicadores de los nuevos brazos políticos armados de la fe, que flamean las banderas teocráticas para hacerse elegir, legislar y gobernar en nombre y por delegación directa de Dios, o de su unigénito hijo.
A quien, de un tiempo para acá y por obra y gracia de algún favor recibido: la rifa de una curul, una excarcelación por vencimiento de términos, una prisión domiciliaria por colaboración con la Fiscalía, etc., se le entregan las llaves de alcaldías municipales, se le proclama secretario de los concejos y asambleas, defensor de oficio en juzgados, enlace entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y de cuanta tarea, deber, oficio, función, todas ad honorem por supuesto, no está en capacidad de ejercer con competencia, ética, dignidad y decoro el sujeto elegido, nombrado, encargado o ungido, para tal fin.
En este escenario desde luego, no es posible la separación de poderes entre Estado e iglesias, que no Iglesia prevaleciente a lo largo del siglo XX en nuestro país, que se pregona y divulga institucionalmente, pero que en la práctica apenas sí es una ficción; un atajo para imponer credos y doctrinas propios del Estado confesional y teocrático.
Para fortalecer ideologías y modelos de gobiernos conservaduristas, cuyo fin es el acorralamiento de la democracia, de los derechos sociales, políticos, culturales, y de la eliminación de la inclusión en todas sus expresiones.
Si durante más de cuatrocientos años fue la católica en su condición de religión oficial la que trazó el rumbo de la sociedad colombiana, tanto en fe como en ideología, política, educación y formación, hoy ese predominio y privilegio debe compartirlo con una variada oferta en el mercado de la fe de religiones, sectas y credos, cuyo poder es cada vez más creciente y efectivo gracias al binomio de poder y alianzas electorales que han construido con igual variedad de partidos y movimientos políticos y que le han permitido a unas y otros desnaturalizar el carácter laico, neutral, del Estado e instrumentalizarlo en favor de sus causas de fe.
Y todo, en la vía de convertirlo en teocrático y confesional.
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