La crisis política postelectoral venezolana se agrava por la delictual conducta de Lucena y sus tres acólitas del CNE al irrespetar la palabra empeñada en la reunión de Unasur en Lima el 18 de abril y desdecirse del compromiso de la auditoría completa. “No es auditable el sistema electoral” sin cotejo obligado de cuadernos de votación, reclamados por el jefe oficialista J. Rodríguez cuando las elecciones primarias de los demócratas en febrero de 2012, esa vez con fines nada inocentes y en vista de otra “lista Tascón” para excluir sectariamente a quienes participaron.
Cometen los Rectores del CNE el delito de “prevaricato” no solo al distorsionar el alcance y sentido de la legítima auditoría pedida por Capriles sino, como tipifica la ley, cuando un funcionario, juez o abogado incumplen sus obligaciones. Andan en mora al no entregar aún los datos de huellas al Comando Simón Bolívar, como prometieron después de las presidenciales de octubre de 2012.
No hay autonomía de poderes entre Ejecutivo y Órgano Electoral sino obediencia sumisa a los dictados del partido de gobierno PSUV y éstos, a su vez, sometidos a sus titiriteros supremos, los sanguinarios Castro que martirizan con dominación totalitaria a Cuba y quieren imponérnosla en Venezuela.
Ofende e irrespeta la voluntad popular la criminal conducta del presidente de la Asamblea Nacional que, manu militari, quita la palabra a quienes nos representan incluso con más legitimidad que la suya y pretende birlarles el sueldo cual jefe de Camorra a sus empleados. Aún peor, la atroz embestida sin remordimiento de oficialistas que lesionaron gravemente a parlamentarios democráticos ante la quieta mirada de Cabello hamponizan al gobierno y frágil mando de Maduro.
La crisis económica, inseparable de la incertidumbre política, paraliza al Estado que controla una economía con enorme dependencia externa, involucionada al siglo XIX, monoproductora primaria y monoexportadora. El petróleo es 94% de las exportaciones, las importaciones son más del 70%, y el hueco fiscal con deuda externa pública en 2012 fue de 105.769 millones de dólares a pesar de estar el barril de petróleo a 100 dólares o más desde 2010. Tenemos la segunda inflación mundial, de 27,3% y el aparato industrial desmantelado o quebrado. Pero sigue la regaladera para fabricar consensos.
La crisis social implica una degradación ética que pervierte la convivencia. Son evidentes la indefensión que vivimos a diario y la impunidad, la de crímenes de corrupción de “cuello blanco” (Pedeval, Cantinas Militares, exgobernador Cabello, sin investigar aún) y la del hampa común, bajo la indiferencia o complicidad de las fuerzas policiales y violación flagrante de los derechos humanos sin acción del Fiscal General ni Defensora del Pueblo. ¿Quo vadis?
@martadelavegav
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