Los investigadores del Banco de la República, Adolfo Meisel y Jhorland Ayala, han lanzado una propuesta seria y pertinente para superar la pobreza extrema en Cartagena en los próximos 15 años. Se trata de una agenda de políticas para reducir el riesgo en hogares vulnerables, dotarlos de servicios públicos, educarlos para el trabajo, mejorar condiciones laborales e infraestructura con la que el Estado se pondría al día con generaciones de cartageneros.
La propuesta de intervención es similar en su concepción a las estrategias del Big Push (o Gran Empuje) que provienen de la economía del desarrollo, aplicadas desde los años 40 del siglo XX y renovadas por su potencial a finales del mismo.
El Gran Empuje plantea que para lograr un periodo sostenido de crecimiento económico –que aquí sería la caída continua de la pobreza extrema- debe haber un programa de inversión masiva del sector público. Este empujón debe enfocarse al desarrollo de capacidades en la fuerza laboral, construcción de infraestructura y medidas de protección como las obras contra el cambio climático que los autores exponen en un trabajo previo.
Lo cierto es que un empujón de US640 millones requiere de ciertas precondiciones. En el caso local esto se traduce en un nuevo ordenamiento del territorio y de instituciones fiscales, la existencia de una tecnocracia idónea, contratación transparente y amplia participación comunitaria.
Debemos preguntarnos si tal como está planteada la propuesta genera autonomía efectiva en las personas para que dejen de ser pobres y no dependan más de los servicios sociales del Estado. La evidencia indica que para ello son claves el empleo y la generación de ingresos. Los autores parten del supuesto de que en Cartagena no es problema la generación de empleo sino su calidad. Pero las desigualdades persisten: la tasa de desempleo de las mujeres más pobres es de 18%, el doble que en hombres en igual situación. El Gran Empujón debe reconocer ésta y otras diferencias.
La propuesta requiere de amplia capacidad de coordinación de políticas, para que las intervenciones, al venir de “arriba hacia abajo”, no dilapiden recursos, procesos y potenciales comunitarios.
El foro organizado por este diario mostró la necesidad de tener certeza del costo financiero definitivo de este Gran Empujón. Tasas de interés superiores a la señalada por el estudio reducirían notoriamente su impacto.
La propuesta del Banco de la República debe ser socializada con distintos actores e instancias a fin de dimensionar acciones y recursos. Debemos actuar rápido pero sin prisa, para evitar que pasemos de la gravedad a la improvisación de siempre.
*Profesor UTB
COLUMNA EMPRESARIAL
aespinosa@unitecnologica.edu.co
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