Desinstitucionalizar es una industria perversa que da predominio político y fortuna”
En Cartagena la institucionalidad es muy baja. Pareciera que las propias autoridades, desde hace años, hubieran perdido la orientación y desvirtuado el contenido y los fines propios de sus funciones. No es el azar como tampoco la ignorancia o la improvisación la causa del estado de desinstitucionalización.
La institucionalidad mínima es una industria generadora de buenos resultados para muchos. Por ello, es el resultado de una laboriosa construcción y de un incesante cultivo por quienes de esa situación derivan beneficio. Este deplorable estado de cosas tiene sus dedicados cultivadores.
Desde el arranque de las campañas políticas hay quienes aseguran una porción de gobierno, de burocracia y de presupuesto. Disposiciones en el ordenamiento territorial, en el reglamento de construcciones, normatividad con marca propia para ciertas actividades, nombramiento de personas dóciles a determinados intereses, predireccionamiento de licitaciones, autorizaciones fáciles, tolerancia hacia la violación de la ley, son elementos que se negocian en las campañas para elegir autoridades locales.
El resultado es una armazón que responde a intereses particulares en los distintos sectores de acción gubernamental y en la cual el Alcalde Mayor funge más como parcelador del gobierno local que como suprema autoridad. Con la prepotencia de sentirse intocables, por gozar de un apadrinamiento importante, abundan funcionarios que consideran que pueden hacer lo que quieran, no lo que la ley manda. Por eso los derechos de los ciudadanos se convierten en mercancía que se vende o se dona como gracia especial, y la observancia de las normas también entra en la subasta.
Tomando sencillos ejemplos de la vida diaria, basta ver cómo a algunos se les obliga a silenciar sus equipos de sonido para que no trascienda el ruido al exterior de sus negocios, en tanto que se mira con complacencia y protección que otros perturben a vecinos y transeúntes con ensordecedor bullicio.
La desinstitucionalización es una industria perversa que da predominio político y fortuna porque permite mantener una cautiva cauda de favorecidos con el decaimiento y desvío de la autoridad y, además, obtener provechos económicos en el tráfico sórdido de la acción oficial.
Cada día la ciudad pierde fisonomía como conglomerado humano organizado y amplía espacios para que cada quien haga lo que pretende, siempre y cuando pague la tolerancia de la autoridad o tenga un protector poderoso.
Una tarea básica del nuevo Alcalde es recuperar la institucionalidad. Lograr que de veras exista una sola autoridad, no un gobierno diseminado y compartido, y un trato igual para todos los habitantes no un bazar de venta de favores y distribución de atropellos para quien no pague.
h.hernandez@hernandezypereira.com
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