Sobrados de candor, los constituyentes de 1991 se inventaron la circunscripción nacional para elegir los miembros del Senado de la República. Creyeron que ella lograba una democracia incluyente porque las minorías ideológicas dispersas por todo el país, incapaces de lograr los votos necesarios en un departamento, podrían ganar curules en el Senado con la suma de los sufragios dispersos que obtuvieran en toda la república.
Los hechos mostraron que los constituyentes ignoraron la idiosincrasia del país para el cual dictaban la Constitución y, peor, la índole de nuestro ejercicio político. Pronto la circunscripción nacional fue aprovechada por los que, lejos del beneficio colectivo, convierten la calidad de congresista en una herramienta para constituir imperios políticos familiares o verdaderas empresas económicas encargadas de succionar los recursos del Estado.
La circunscripción electoral ha degenerado en una perversa institución que ha aumentado en forma enorme la corrupción en el campo electoral y, como secuela forzosa, en la administración pública. Tomando la hipótesis de los menos turbios, un codicioso aspirante lleno de dinero que, en su departamento tiene reconocimiento pobre, recorre el país con las alforjas repletas para en cada departamento comprar el caudal electoral de un diputado o concejal o político venido a menos y con la suma de esas adquisiciones lograr el número de votos que jamás adquiriría en departamento alguno. Y si planteamos la hipótesis de los candidatos de torcida calaña, pues ya sabemos que las organizaciones guerrilleras o paramilitares, las bandas criminales, los empresarios de la compra de votos y demás facinerosos son eficaces en unir esfuerzos para llevar al Senado a quienes pongan su poder político e influencias a favor de los protervos.
Se dirá que las listas abiertas son las únicas que propician este fenómeno. Eso es cierto. Pero las listas cerradas tampoco son convenientes pues con ellas puede ocurrir que a pesar de que un departamento ponga una copiosa votación que permita la elección de varios senadores, sin embargo no sea elegido un oriundo de ese departamento porque haya sido colocado en lugar lejano de la lista. Así, hoy vemos cómo algunos departamentos carecen de representación en el Senado.
Ya la hora de la embriaguez con la Constitución de 1991 como un monumento jurídico y político inmejorable pasó. Cada día sus falencias brotan. Ya lo vemos con el Procurador, con la organización de justicia, con la organización electoral y tantos otros aspectos.
Es el momento de pensar en revertir este engendro y volver a las circunscripciones departamentales. ¿Habrá aspirantes al Congreso o a la Presidencia que se atrevan a comprometerse con esta necesaria reforma?
h.hernandez@hernandezypereira.com
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