¿Cuál es la entidad pública con mayores utilidades en la historia? Ecopetrol “solo” las tuvo por $7,5 billones el año pasado y en 2012, su mejor año, llegó a $14,9 billones. Son cuantías enormes, pero palidecen ante los $21 billones del Banco de la República (BR) en 2014. Pero no las muestra en sus estados financieros.
La historia es así: según las normas contables internacionales (NIIF), cualquier empresa tiene que poner en su balance las utilidades o pérdidas por el impacto de ajustar la tasa de cambio sobre sus activos o pasivos en moneda extranjera. Si el peso se devalúa como el año pasado (el dólar pasó de $1.926 a $2.392), tiene que registrar una pérdida si tiene créditos en dólares, o una utilidad si tiene inversiones en esa moneda.
Las reservas internacionales del país son un activo en dólares. Como el año pasado el BR tenía en promedio unos USD 45 billones, la devaluación del peso le dio utilidades por $21,3 billones. Pero en contra de las NIIF, no las asienta como un ingreso en el P y G sino como un superávit que le aumenta el patrimonio pero no las utilidades, y así no las entrega al Gobierno.
Hay una asimetría y contradicción en la contabilidad del BR. El año pasado las monedas de otros países como Inglaterra, Canadá o Australia también se devaluaron ante al dólar. Como el BR tiene reservas en esas monedas hubo un ajuste cambiario negativo de $1,1 billones, pero no lo contabiliza como una disminución del superávit patrimonial sino como una pérdida que cubre el Gobierno aumentando el déficit fiscal.
Esta contabilidad, contraria a las normas internacionales, tiene una justificación histórica: trata de evitar los abusos cometidos hasta los 80 del siglo pasado, cuando el Gobierno usaba las utilidades de la devaluación para financiar sus gastos corrientes y maquillar el déficit fiscal con la extinta Cuenta Especial de Cambios.
El error no debe repetirse. No es sano repartir a sus accionistas las utilidades contables del ajuste cambiario, ni mucho menos para el Gobierno. Pero la forma de evitarlo no es distorsionando la contabilidad, contrario a las normas internacionales, sino con reglas que lo prohiban.
Lo más transparente es registrar los ingresos del ajuste cambiario como utilidad, y obligarse a constituir una reserva con esta, que pertenece al Gobierno, pero no debe financiar el gasto público. Así el Gobierno compensaría la pérdida por la devaluación de las otras monedas frente al dólar, y no la tendría que cubrir con recursos del presupuesto nacional. Mejor reglamentar las utilidades que esconderlas.
ADENDA. Lapidaria afirmación de la Corte Suprema: “Es indiscutible que los funcionarios del DAS actuaron a nombre de la institución, cuyos directivos, a no dudarlo, siguieron las directrices ilegales que les trazó la Presidencia de la República”.
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