La impunidad es total. Así venimos desde el 2007 en que la Fiscalía precluyó las más de 100 denuncias que presenté. Invadidos por doquier, si evaluamos la cantidad de imputados, aquí no hay ni se han cometido delitos contra el ambiente. Sin acusados ni presos por los crímenes la impunidad “legaliza” y dinamiza apropiarse de lo público.
Que las denuncias no posibiliten desalojar lo usurpado y reparar el daño al capital natural, muestra que el cáncer es terminal y la solución exige decisión de cambio.
La resiliencia de esta crisis ascendente requiere una ciudadanía dispuesta a comprometerse y practicar valores constitucionales, reaccionar exigiendo a los funcionarios eficiencia y con ellos defender la soberanía, implícita en los bienes de uso público y zonas de bajamar, las zonas protegidas y Parque Naturales.
El bien común es más que palabras, requiere que el interés general prevalezca sobre el particular; que el paisaje sea patrimonio común, y que las zonas costeras las valoremos como biodiversidad, servicios ambientales y seguridad alimentaria.
Impedir ocupar los bienes de uso público implica que, con pasión y organización, defendamos el territorio y sancionemos social y judicialmente al culpable, y ser sostenibles recuperando el dominio del Estado.
11 años después no dudo que esa preclusión e inhibición comprometieron de manera grave la política ambiental y la defensa del apetecido ecosistema de litoral, agredido a diario.
¿Hay o no delitos ambientales en Cartagena y la zona costera, o es que también precluyeron para siempre los artículos 329 a 338 del Código Penal?
Tenemos que invertir la asimetría entre la facilidad y garantías para delinquir, y la dificultad para detener, recuperar, sancionar y reconstruir el bien de la Nación.
El fiscal general está obligado a contestar y decirnos que combatirá ese aberrante “derecho” de impunidad, y de verdad proteger la diversidad e integridad de ambiente, velando por el espacio público y su destinación al uso común.
Le llegó la hora de investigar la omisión de los suyos y vencer el depredador y notorio resultado de su institución en la defensa del ambiente del Distrito.
La invasión multiestrato, la violencia depredadora de la integridad del territorio, la agresión a la soberanía y la ingobernabilidad por sus implicaciones estratégicas, involucra desde el presidente como comandante de las Fuerzas Armadas, para abajo.
Años de ineficiencia del Estado incumpliendo, la merma de la fe y el patrimonio público, exigen que él junto con el procurador, fiscal y contralor, obliguen a los funcionarios a sancionar y proteger, cambiando el abordaje del problema.
Tal impunidad no se puede pasar de agache. Ver las imágenes que acompañan esta columna llama a reaccionar.
Liderazgo, voluntad estatal concentrada y justicia son la cura de choque que exige extirpar el tumor, el interés criminal que lo alimenta y hoy se nos impone.
https://www.youtube.com/watch?v=ar2g4c9PHE0
*Abogado ambientalista y comunicador.
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