Hablar de víctimas del conflicto armado en Colombia implica no sólo conocer la Ley 1448 de 2011 o Ley de víctimas, sino revisar la deuda histórica de las instituciones estatales con esta población, a quienes poco se les ha garantizado el derecho a la dignidad humana, como principio constitucional fundamental, en el marco de nuestro Estado Social de Derecho.
La verdad, la justicia y la reparación no serán reales si se desvinculan de esa obligación de los colombianos, de respetar la integridad y la honra de las víctimas, obligación que recae esencialmente en los funcionarios del Estado para reivindicar a aquellas personas que padecieron el horror del conflicto armado, y que son revictimizadas por las instituciones en el marco de ilegalidades e irregularidades, convirtiendo la reparación en otro conflicto.
Así, la restitución de tierras como medida de reparación integral permite visibilizar que la lucha de los campesinos e indígenas en el campo colombiano durante más de 60 años no es solo con los actores armados, sino con algunas entidades del Estado que en su posición institucional lograron aprovecharse de la vulnerabilidad y necesidad de los campesinos, para así despojarlos de grandes extensiones de tierras.
Ahora se pretende reparar a las víctimas de un conflicto que no termina y que además se agudiza con los escándalos de corrupción en todas las regiones donde no actúa el Estado, no existe la autoridad ni mucho menos soluciones a sus necesidades.
Falsedad en documentos, compras masivas y a bajo precio, adjudicaciones irregulares, hacen parte de las ilegalidades de funcionarios y particulares para obtener predios de quienes, por la violencia, lo abandonaron todo, sumado a las amenazas y constante persecución a aquellos campesinos que solicitaron la medida de reparación.
Por otro lado, la dinámica y el contexto del campo colombiano se ha modificado, teniendo en cuenta que esos predios terminaron en el patrimonio de sociedades comerciales, quienes de igual forma vieron en la vulnerabilidad de las víctimas la oportunidad para adquirir hectáreas de tierra a muy bajo precio.
Esto nos muestra que tanto el despojo como el abandono de tierras, objeto de la política bandera de este gobierno, la restitución de tierras, históricamente se ha presentado bajo la aquiescencia del Estado, ya sean los actores armados y el conflicto cuando generan el desplazamiento forzado de miles de campesinos, las grandes empresas cuando compraban masivamente y a bajo precio o los funcionarios en las altas instituciones, cuando amañaban las normas para dejar a los campesinos no solo sin tierras, sino también sin familia, sin sustento, sin dignidad.
*Concejal Partido ASI
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