En estos tiempos de debate sobre una nueva reforma tributaria, surge siempre el cuestionamiento acerca del buen uso de los recursos adicionales. El argumento es sencillo: si hay que pagar más impuestos la ciudadanía quiere ver que estos recursos sean usados correctamente. Las autoridades plantean que las cuentas están desbalanceadas porque los ingresos no alcanzan para financiar los gastos y, por ende, debe buscar nuevas fuentes de financiación.
Estos fondos adicionales van a cubrir las necesidades que tiene el país para lograr la paz, ser el más educado y alcanzar mayor equidad. Todos estos fines son muy loables y es difícil oponerse a ellos. El punto es cómo alcanzar una buena calidad del gasto público que asegure esas metas.
Los economistas somos buenos para hablar de impuestos. Sin embargo, cuando tenemos que hablar del gasto, y en particularidad de su calidad, no tenemos muchas herramientas de análisis.
Algunos se lanzan a realizar propuestas para medir la calidad del gasto público comparando el desempeño entre distintas entidades para determinar quién lo está haciendo mejor en términos relativos. Se busca, por ejemplo, determinar si con la plata que se invierte se pudiese alcanzar un mejor desempeño considerando lo que hacen los vecinos.
Para Colombia, un estudio reciente del Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER) del Banco de la República analizó qué tan bien lo hacían los municipios en materia de cobertura y calidad en salud y educación teniendo en cuenta los recursos que les transfiere el Gobierno nacional.
Los resultados muestran algunos elementos interesantes. La eficiencia promedio de los recursos destinados a la cobertura en salud y educación es mayor (63% y 62%, respectivamente) que la que se encuentra en calidad (48% y 50%, respectivamente). Sin embargo, estos resultados indican que hay un amplio margen para mejorar: con los mismos recursos existen algunos municipios que podrían lograr duplicar cobertura y calidad.
La tarea es cómo lograr aumentar la eficiencia. Una opción es transferir los recursos de acuerdo con algunas metas mínimas de calidad. En la actualidad las transferencias se hacen en función de alumnos matriculados y personas pobres cubiertas con servicio en salud. Esto no necesariamente incentiva un buen uso. Por el contrario, las entidades territoriales pueden crear beneficiarios fantasmas y así conseguir fondos que son desviados. Fijar un mínimo de calidad podría ser una opción.
Ojalá esta discusión hiciera también parte del debate sobre la nueva reforma tributaria.
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