“No puede pasar: en la plaza hay una fiesta privada”, me dijo severamente un muchacho, teléfono Avantel en mano. Mi esposa, mi hija, mi nieta y yo tratábamos de atravesar la Plaza de la Proclamación por las arcadas de la Gobernación. Pretendíamos llegar al Parque de Bolívar. ¿No se puede pasar por un espacio público?, le pregunté al tipo. “Fiesta privada”, me repetía el robot. Desistimos y dimos la vuelta a la manzana con la niña de brazos. ¿Y no es una plaza pública?, preguntó mi hija española. Sí, le dije. Pero aquí lo público, como en una nueva Ley de Murphy, es susceptible de volverse privado. Olvidé el incidente pero me dio por pensar en lo que sucederá el día en que, atendiendo el aval presidencial y las pretensiones de los hoteleros, las playas sean cedidas en concesión a empresas privadas. La “fiesta” será permanente y estará, como en la noche del miércoles pasado, vigilada por agentes de la Policía. Muchos cartageneros deben de estar temiendo el día en que, pese a no estar legalmente prohibido, el acceso y disfrute de las playas no sea tan libre como hoy. Tomen desde ahora fotografías de las playas de la Cartagena urbana en días festivos y guárdenlas para compararlas con las que tomarán dentro de cinco o siete años. Es posible que ya no se vean en las fotografías y en la realidad las manchas oscuras de la población expulsada. La prohibición se impondrá con la presencia intimidante de la vigilancia privada, con los precios altos de la oferta recreativa y el elemento inhibidor que imponen las jerarquías sociales. Los pobres que desde siempre se bañaron en esas playas pensarán que ahora son para ricos. Ni siquiera podrán tirar el trasmallo. Los ricos habrán hecho todo lo posible para que los pobres acaben convencidos de que lo público no les pertenecía. Sólo podrán estar en esos lugares en calidad de sirvientes...perdón, empleados. Según este modelo, urbanizar y planificar una ciudad significa expulsar y desplazar a la población más vulnerable de zonas aptas para la expansión del negocio privado. No es que estos negocios no deban velar por su prosperidad. Generan riqueza y dan empleo, pero podrían elegir escenarios que no lleven a la expropiación real y simbólica de los espacios públicos en el corazón de las ciudades. Tal política acaba rompiendo aún más el tejido social e imponiendo nuevas formas de discriminación y exclusión, germen de resentimientos y violencias futuras. Uso la experiencia casi insignificante del pasado miércoles porque descubre la mentalidad de nuestros gobernantes frente a lo público. Para ellos es más fácil privatizar mediante concesiones que emprender desde un sentido democrático de la autoridad ambiciosos programas de educación popular. Una vez se imponga el modelo y dé ganancias a los interesados, no se va a regresar al caos de lo público. Pero resulta que el caos de lo público se debe la administración pública. No se puso orden ni se consiguió que las masas pobres fueran limpias y respetuosas del medio ambiente. Tampoco se enseñó que esos espacios recreativos pertenecían a todos por igual. *Escritor. salypicante@gmail.com
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