Hasta hace algún tiempo, el descubrimiento de “indelicadezas” en el ejercicio de funciones públicas tenía como consecuencia inmediata la renuncia de los funcionarios implicados. Con ello se pretendía dejar en libertad a los investigadores para que cumplieran sus indagaciones, evitarle complicaciones de imagen al Gobierno, o por dignidad personal. Bajo este Gobierno tales consideraciones fueron revaluadas y salvo contadas excepciones, las revelaciones sobre hechos de corrupción e inclusive de crímenes cometidos por servidores del Estado, han servido como herramienta para “atornillar” en sus cargos a los acusados, quienes se cubren con el manto protector que sistemáticamente les tiende el Presidente de la República. Basta con recordar que a pesar de la gravedad de lo ocurrido en el DAS, su ex director, Jorge Noguera, contó con la protección incondicional del Gobierno y era públicamente “absuelto” de las acusaciones en su contra por el primer mandatario, mientras que las investigaciones de la Fiscalía encontraban más evidencias de aberrante criminalidad institucional. Los siguientes escándalos de esa entidad, relacionados con persecuciones y “chuzadas” ilegales, terminaron por generar su carta de defunción, sin que el verbo renunciar se conjugara entre los responsables de los delitos. La masacre de jóvenes inocentes, para ser presentados como guerrilleros caídos en combate, conmocionó al país, trascendió las fronteras y dejará en la historia la macabra huella de los “falsos positivos”, pero los generales conservaron sus rangos y el entonces Ministro de Defensa salió ungido como eventual candidato presidencial. Las revelaciones sobre las grandes extensiones de tierras en Carimagua, destinadas a campesinos víctimas del desplazamiento forzado, pero entregadas a potentados del agro, lejos de ruborizar y hacer renunciar al entonces Ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, lo catapultaron igualmente a su precoz y arrogante candidatura. En esa misma cartera se descubrió recientemente la escandalosa feria de subsidios de Agro Ingreso Seguro, justamente entre quienes no los necesitan, incluyendo familiares de temidos paramilitares, funcionarios de alto rango y reinas de belleza, entre otros, pero las renuncias no solo brillan por su ausencia, sino que el manto protector presidencial vuelve a cubrir a los implicados. La enorme concentración de poder lograda por el Presidente Álvaro Uribe y el innegable respaldo popular conquistado con audacia mediática, no solo se traduce en posibilidades de reelección indefinida del mandatario, sino en la distribución de indulgencias, a quienes bajo su sombra han cometido toda suerte de desafueros. Las extralimitaciones del poder no solo se quedan en absoluciones a la medida y máxima protección a los corruptos, sino que se les confecciona con recursos del Estado, grandes lavatorios de imagen, como el pasado Consejo Comunal, convertido en un insulto en vivo y en directo a la sensatez. Si la fe ciega que muchos colombianos profesan por convicción o por inercia al Jefe del Estado permite validar tales absoluciones, el país habrá llegado en materia de dignidad a un punto de no retorno y a una nueva era de corrupción mayoritariamente admitida. *Trabajador Social y periodista, docente universitario, asesor en comunicaciones. germandanilo@hotmail.com
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