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Artilugio: emergencia social

La emergencia social no fue decretada por la crisis del sistema de salud, sino por el reclamo de los sectores financieros que han hecho de la salud su gran negocio y enfrentan coyunturalmente un estado de iliquidez por las crecientes deudas del Fosyga y de las entidades territoriales.

Esta celeridad frente a las reclamaciones de las EPS contrasta con el silencio cómplice y las evasivas del Gobierno frente a la crisis hospitalaria, el deterioro de los servicios, el “paseo de la muerte y el paseo virtual”, las denuncias de la Procuraduría, Defensoría, Personería, Tutelas ante la negación del derecho y frente a la sentencia T-760 de 2008.
En el fondo, lo que se pretende con el Decreto 4975 del 23 de diciembre de 2009, que declara la “Emergencia Social”, es afianzar la política de trasladar los costos de la salud a los usuarios y la responsabilidad financiera a las entidades territoriales. Por eso las medidas que se anuncian pretenden establecer pagos a sectores de usuarios de los niveles dos y tres del Sisbén, a imponer cuotas a quienes recurran a la Acción de Tutela y reciban el amparo de sus derechos, con lo cual se desvirtúan la Tutela y el derecho fundamental a la salud y como propósito central de la declaratoria, el aumento de impuestos al consumo de cigarrillos y bebidas alcohólicas, lo cual es una reforma tributaria por la puerta de atrás.
De cada $100 de los Ingresos Corrientes de la Nación en el año 2001, las entidades territoriales recibían $10 para salud, mientras en 2009 recibieron menos de $7, o $2 billones menos, corroborando que la sustracción de recursos por parte de la Nación causa la crisis de las entidades territoriales.
La declaratoria de emergencia no se compromete con la unificación de los Planes de Salud (POS), al contrario, se anuncia que no hay condiciones porque costaría más de $5 billones, cifra que generosamente el Gobierno puso en manos de las EPS para la intermediación de la salud, que es un fracaso. Con esos recursos, en una gestión pública directa y transparente se garantiza la unificación de los planes tomando como referencia el contributivo.
Quedó en evidencia la ineficiencia del sector privado, las irregularidades en los recobros y la manipulación de la información y los precios de los medicamentos. Al Gobierno no le alcanzaron 16 años de privatización de la salud para garantizar el flujo de los recursos, pero sí para meter los del Fosyga en las arcas del sector financiero.
La CUT rechaza la declaratoria de emergencia social y las medidas anunciadas contra usuarios y contribuyentes, exige que los faltantes sean asumidos directamente por la Nación y que el debate se traslade al nuevo Congreso de la República para discutir un modelo de seguridad social en salud que restituya el papel del Estado, que elimine la intermediación, derogando la leyes 100 de 1993 y 1122 de 2007.
La oportunidad histórica del pueblo colombiano para que exista una verdadera cobertura en seguridad social para los más pobres, la tiene el 14 de marzo y el 23 de mayo de 2010, votando masivamente por candidatos alternativos para el Congreso y la Presidencia de la República, que derroten el uribismo y los congresistas que lo apoyan, que pasaran a la historia como el Gobierno y Congreso más corrupto de Colombia.

*CUT BOLIVAR

cutbolivar@gmail.com

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