El próximo Presidente tendrá una herencia económica complicada y lidiará con problemas muy serios, agravados en los dos gobiernos de Uribe. Para solucionarlos es indispensable cambiar la política económica. En los últimos 8 años la economía mejoró en algunos aspectos y hubo aciertos económicos que se deben mantener; pero también, errores que se deben corregir y políticas que se deben modificar. El reto económico y social principal es el empleo, y para crearlo debe cambiar el modelo de crecimiento sin empleo, consecuencia de la política de “confianza inversionista”. Solo con estímulos a nuevos puestos de trabajo se resolverá el drama de la pobreza y disminuirán las grandes desigualdades colombianas. Preocupan los datos del DANE. En enero la tasa de desempleo llegó al 14,6% -la más alta en 6 años-, pero peor aún, en el último año se destruyeron 650.000 empleo formales. Mientras que en este período el número de personas “ocupadas” aumentó en 1,2 millones, los dedicados al rebusque por no tener un empleo decente fueron 1,85 millones. El modelo de crecimiento del Gobierno dio estímulos generosos a los empresarios, recortó los derechos de los trabajadores, y propició la informalidad. En 7 años la economía colombiana creció 36,5% y el empleo formal solo 6,3%. Es cierto que hoy hay 2,2 millones de personas ocupadas, pero 77% son subempleadas, es decir, que no tienen contrato de trabajo formal. Otro gran reto para un crecimiento acelerado y sostenible, condición indispensable para mejorar el bienestar de la población, es garantizar la estabilidad macroeconómica amenazada por los déficits gemelos (Fiscal y Externo), que no se corrigieron en los años de la bonanza y que se agravaron durante la crisis. El faltante de las finanzas públicas será este año del 4,5% del PIB, según las proyecciones optimistas del Gobierno, y puede ser inclusive mayor por el impacto de la recesión sobre los recaudos tributarios. El Banco de la República proyecta un déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos que puede llegar hasta los 7.000 millones de dólares (un 3,3% del PIB), que a corto plazo se puede financiar con inversión extranjera y endeudamiento externo del Gobierno, pero que se agrava por la revaluación del peso. En lo fiscal también hay que cambiar el rumbo. El déficit creciente lo causa un gasto desbordado durante los años de la bonanza, incluyendo subsidios y regalos a los amigos del Gobierno, y de la cuantiosas exenciones tributarias que ha dado el Gobierno (zonas francas, deducciones por inversión en activos fijos, etc.), que dan privilegios discriminatorios y tienen un sesgo muy regresivo en el sistema tributario, porque son las grandes empresas las que tienen mayores posibilidades de utilizar todos los resquicios del estatuto para pagar menos impuestos. La mayoría de los analistas proponen una reforma tributaria estructural que desmonte las exenciones y subsidios al capital, con la ventaja adicional de reducir las distorsiones en contra de la generación de empleo. Ahora que la Corte frenó el intento antidemocrático de la segunda reelección, hay que buscar nuevas formas de promover la inversión y la creación de empresas, lo que significa no reelegir tampoco una política de “confianza inversionista” a expensas de los ingresos de los trabajadores y campesinos. macabrera99@hotmail.com
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