El lunes 26 de octubre, en El Heraldo de Barranquilla, el doctor Larry Laza, agente interventor de la Secretaría Departamental de Salud, dio unas declaraciones que el matutino anunció en su primera página con el siguiente título: “Así fue el desangre de la Salud en Bolívar”. En la página 2B de la edición, el antetítulo del texto era descarnado: “Había contratistas que adulteraban el pago a las EPS para poder cobrar”. La respuesta de Laza a la pregunta sobre cuánta plata se les debía a los acreedores fue contundente: “Era tanto el desorden administrativo que aún no se sabe cuánto se les debe”. En la misma respuesta el agente interventor confirmó lo que habíamos denunciado en esta columna: “Sólo un mes antes de entrar como agente interventor, se contrató la auditoría médica”. O lo que es lo mismo, desde enero de 2008 hasta junio de 2009 no hubo auditores médicos. Se pagaban las cuentas sin ninguna supervisión. ¿Qué fue lo más grave en el tema de la salud pública? –le preguntó el corresponsal de El Heraldo al agente interventor: “De la vigencia de 2008 se gastaron $6.000 millones en tres meses”. Velocidad con desesperación. Y agregó Laza: “Para vigilar la ejecución de ese dinero se nombró un solo interventor que se moviera por todo Bolívar”... “Ese dinero se contrató con los hospitales de El Carmen y Simití para acciones de salud pública como prevención y promoción en todo el Departamento”. O sea, rebasando sus zonas de influencia. Magna idea. Hay eriales que producen como vergeles si la semilla es contractual y no vegetal. ¿Estuvo bien hecha la contratación? Que lo diga el propio agente interventor: “Se contrató con empresas, cooperativas y fundaciones con patrimonios inferiores a los valores de los contratos, es decir, empresas creadas con un patrimonio de un millón de pesos podían ejecutar un contrato de veinte millones de pesos, por decir una cifra cualquiera”...“Se detectaron contratistas asignados en labores de asistencia técnica en salud pública que cobraban por eso, pero en los municipios nadie los conocía ni los habían visto ejecutando acciones de salud pública”. Con las transcripciones que anteceden, hay suficientes irregularidades para que la Fiscalía General de la Nación tome cartas en el asunto, pues tiene que haber responsables y beneficiarios en ese carnaval de contratos y pagos que obligó a la Superintendencia de Salud a prorrogar hasta marzo de 2010 su intervención. ¿Cuáles son esas empresas? ¿Quiénes son sus socios? ¿Están todos los que son y son todos los que están? ¿Habrá velos de carne y hueso que firman y aparecen para que otros ganen desde la sombra? Otra cosa, relativa a la situación fiscal del Departamento, agrava los hechos de trámite: se incumplieron los compromisos con los acreedores incluidos en el acuerdo de reestructuración de pasivos, no hubo contratación completa con la red pública de hospitales y, como si fuera poco, se contrataron servicios con la red privada sin la autorización del Ministerio de Protección Social. Confirmado por Laza. Me mortifica no complacer a alguien que me imploró clemencia en nombre ajeno, pero los hechos descritos son tozudos, y tenemos que juzgarlos a través de los actos de la administración y de las decisiones de los organismos de vigilancia. *Columnista y profesor universitario carvibus@yahoo.es
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