No era indispensable que el Fiscal, el Procurador y el Contralor nos dijeran que la corrupción en Colombia es planta que se da silvestre, porque la vemos y la olemos en el ambiente político y administrativo del país sin necesidad de que nos elaboren los retratos hablados de los recolectores de sus frutos. Los que pagan por los decretos, las resoluciones y las adjudicaciones son los primeros difusores de la carcoma. Cuatro días antes del foro de Semana, uno de esos organismos europeos que califican la transparencia en todos los países del mundo, dio cuenta del ascenso de Colombia en las eliminatorias de ese otro campeonato mundial: somos cinco puestos más corrompidos entre la penúltima medición y la última. Las expresiones del Fiscal y del Procurador fueron atortolantes. El primero dijo: “En todas las áreas de la Administración Pública hay corrupción”. El segundo fue más allá: “La corrupción ha desbordado la institucionalidad”. Pacho Santos, que estaba allí, salvó el voto exaltando la magnífica labor de su Oficina Anticorrupción. A medida que se reajustan los cálculos de los presupuestos –el de la Nación y los de las entidades territoriales– se refinan los mecanismos de asalto. El dato sobre las gobernaciones y las alcaldías comprueba una vez más que nos faltaba un siglo de madurez política para elegir gobernadores y alcaldes sin que los elegidos lleguen a esos destinos a recuperar, con uñas de acero, lo que ellos y sus benefactores invierten en las campañas. El Procurador fue directo en una de sus afirmaciones: “Los gobernadores de todos los departamentos –de todos, dijo– están siendo investigados por desviación de recursos y tres ya fueron suspendidos. Por cierto que el de acá es uno de los privilegiados (hasta con prórroga novembrina), La cifra de los alcaldes también es gruesa y, aunque los tres altos controladores presentaron resultados positivos de sus respectivas gestiones, el diagnóstico del Auditor General fue desconsolador: “La de la corrupción es una guerra que estamos perdiendo”. Logros ha habido, sin duda, pero mucho cuello blanco anda suelto, dándole vivas a la vida y a la felicidad, riéndose de las autoridades y luciendo con descaro sus trofeos en metálico. ¿Por qué no se les investiga, a través de la DIAN, y si se les demuestra el enriquecimiento ilícito se procede con sus bienes como con los de los narcos? El delito es el mismo, sólo que unos lo cometen con la droga y otros en los empleos públicos o ejerciendo funciones públicas. La judicialización de la parapolítica constituyó un paso adelante en la lucha contra la corrupción. Pero en un país donde los cortes de serrucho le cuestan al Estado cuatro billones y medio de pesos al año es mucho lo que falta, y la dificultad radica en que no hay recoveco del aparato oficial donde, como decía Discépolo, no se empaque mucha moneda, se venda el alma y se tire la poca decencia que nos queda. Lo irónico es que todos los funcionarios cuestionados repiten la misma letanía: “Todo lo hice con transparencia, mi vida es un libro abierto y mi patrimonio moral está intacto”. Para lo único que ha servido en Colombia la moción de censura es para que algunos ministros recobren la honestidad por votación. *Columnista y profesor universitario carvibus@yahoo.es
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