Se decía antes que la justicia a veces cojeaba, pero que llegaba finalmente. La expresión popular no se da en los días que vivimos. La justicia no sólo sigue cojeando, sino que no arriba. No aparece y el fenómeno que la ciudadanía colombiana está padeciendo, y es que crece la impunidad. ¿Dónde está la raíz de la crisis? ¿Hay inoperancia de las autoridades policiales y demás cuerpos de seguridad? ¿La falla radica en la etapa inicial de Instrucción? ¿Es la morosidad de jueces y magistrados la causante de la ineficacia de la rama jurisdiccional? Hay un poco de todo. Las estadísticas sobre el desempeño de las fuerzas del orden demuestran que las actuaciones de los cuerpos militares y de policía, cada vez son más satisfactorias. Frecuentemente se conocen golpes certeros contra las más diversas organizaciones criminales. Se dan de baja y se capturan a los cabecillas de las organizaciones delictivas y a integrantes de las mismas. Se producen las capturas y los presuntos responsables son puestos a disposición de los jueces. Y hay que advertir que mucho se ha avanzado en el conocimiento de los procedimientos que deben observarse al hacer la detención de quien es inculpado por violación de la ley, especialmente la penal. Usualmente la carcoma de la impunidad aflora cuando entran a actuar los funcionarios judiciales. Por vencimiento de términos, establecidos para impulsar los procesos, y por infinidad de argucias similares, los sindicados recobran la libertad. Aun quienes han sido aprehendidos en absoluta flagrancia. ¿La falla radica en las normas procesales? ¿El volumen de trabajo atendido por los funcionarios judiciales excede sus capacidades? ¿La falencia estaría demostrando una dosis alta de corrupción? Definitivamente es muy grande la complejidad del problema. Lo único cierto es que estamos frente a una auténtica crisis, de una de las tres ramas del poder público, posiblemente aquella sobre la cual se fundamentan en alto grado nuestras instituciones. Ahora, al conocerse la liberación de tenebrosos delincuentes, y ante la reiterada benignidad que acusan muchas de las decisiones judiciales, la luz de alarma se ha encendido en el Gobierno nacional. En vísperas de la salida del poder, el presidente Uribe Vélez ha emprendido una cruzada contra el crimen. Se incrementa el número de jueces de garantía y se adoptan otras medidas, al calor de la angustia manifiesta. Pero, la calentura no está en las sábanas. Se impone una reforma estructural de nuestra justicia. Es otro de los desafíos que habrá de encarar el presidente Santos Calderón. La reforma del sistema de elección de los integrantes de las altas cortes, que acusa una politización inconveniente, el restablecimiento del Ministerio de Justicia, la reestructuración del Consejo Superior de la Judicatura y de la Fiscalía General de la Nación, son algunos de los temas de reflexión, cuando se examina el comportamiento de la rama jurisdiccional. Seguramente es iluso pensar que se puedan acometer tantos cambios o ajustes, pero algo hay que hacer. Y pronto. Es innegable que una de las causas directas de la violencia es el servicio deficiente de la justicia. De ahí la urgencia de las acciones que habrá de emprender el Gobierno próximo. *Abogado Consultor en Minas e Hidrocarburos. marcan2@etb.net.co
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