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Colapso y emergencia social

La Ley 100 de 1993 fue promovida e impulsada durante la legislatura de ese año por el senador Álvaro Uribe Vélez, que para concebirla utilizó el modelo económico neoliberal.

En la discusión de la norma, en el Congreso, no participaron los pacientes, ni los médicos, actores fundamentales de la salud, así como tampoco las Academias y las Escuelas de Medicina.
Ley que hoy no tiene defensores en razón a que no fue diseñada para atender la salud de los colombianos, sino para promover el negocio de los intermediarios. Los pacientes pasaron a ser usuarios, las ganancias no están destinadas a la salud sino a otro tipo de inversiones.
La Ley 100 requería en su origen del denominado Régimen contributivo sustentado en un 70 por ciento de afiliados con capacidad de pago. En el 2010 este es de un 44 por ciento. Así mismo el POS al tenor de la ley debió actualizarse ese mismo año de 1993, sin embargo, no se hizo así, en consecuencia los pacientes acudieron al Doctor Tutela para de esa manera recibir su tratamiento. Del año 2003 al 2005 el total de Tutelas que solicitaban un servicio no contemplado en el POS fue del 29 por ciento. Aumentó al 46 por ciento del 2006 al 2008, lo cual muestra la desidia del Gobierno.
No debemos olvidar la campaña mediática que implementó el Gobierno para marchitar tanto al Seguro Social como a la Caja de Previsión Social para entregarlos a los intermediarios privados, sin ningún tipo de regulación, lo cual permitió que los mismos crecieran beneficiados por el monopolio y la integración vertical. De otro lado también hoy glosan, ladinamente, el alto precio de los medicamentos; fue el Gobierno el que autorizó la libertad de precios en el 2006, en consecuencia el valor de los medicamentos se ha duplicado.
Pero lo insólito es comprobar que en el Fondo de Solidaridad y Garantías (FOSYGA) hay aproximadamente 6 billones de pesos invertidos en TES. Es un dinero que debió usarse para solventar estos problemas y no utilizarlos en tapar el hueco fiscal.
Ante el colapso de la salud el Gobierno promulgó la Emergencia Social con una serie de decretos absurdos que limitan la atención del paciente y por el contrario protegen a los intermediarios de la salud. Ese rosario de hechos ocasionó la crisis que el Gobierno pretendió resolver con dicha Emergencia, la cual acentuó los errores prohijados por él en estos ocho años.
Los decretos de la Emergencia crean más barreras de acceso a la atención de las personas, no controlan los precios de los medicamentos, limitan aún más a la profesión médica y vulneran el Código de Ética médica. De contera es una reforma tributaria que entregará, si no la declara inexequible la Corte Constitucional, más dinero al sistema financiero.
La solución del problema de la Salud debe ser estructural, obviamente, basándose en estudios serios y con la participación de los actores comprometidos en algo tan vital, que aparece en la Constitución del 91 como un Derecho fundamental.

*Médico Cardiólogo. Ex Director de El Universal. Académico de Número de la Academia Nacional de Medicina, de la de Cartagena y de la de Historia.

MOROND@telecom.com.co

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