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Combatir la pobreza

Quien recorra la variedad de discursos de los partidos que agitan la democracia colombiana, difícilmente encontrará uno que omita la superación de la pobreza como su meta, pero los problemas surgen al aterrizarla en el día a día.

La controversia reciente por la asignación de subsidios del Gobierno para el campo, muestra las dificultades para realizar el objetivo de erradicar la marginación.
Llama la atención la argumentación de los defensores del programa Agro Ingreso Seguro, quienes exponen que las adjudicaciones se ajustan a la ley y no hubo desviación de poder a favor de sectores pudientes. Tal vez se apoyan en la fórmula positivista según la cual toda conducta es justa si se rige por la norma. Así, siguiendo el ejemplo de un autor argentino, derribar un avión en vuelo, que todos considerarían inmoral, no podría señalarse como injusto si no preexiste un mandato jurídico que impute una sanción a tal proceder.
Esta postura radical está proscrita (teóricamente) de nuestro ordenamiento, ya que paralelo al respeto a la legalidad, las normas determinan que éstas han de aplicarse según valores también consagrados en la ley como la igualdad, moralidad, imparcialidad, etc.
No existe igualdad en el caso de Agro Ingreso Seguro si el 15% de los beneficiarios obtuvieron el 85% de los recursos, según se comenta en los medios; tampoco imparcialidad o moralidad en la adjudicación si se comprueban las vinculaciones de los destinatarios del subsidio con el Ejecutivo nacional. Se concluye que el talante de los gobernantes adquiere relevancia al poner en práctica los postulados ideológicos.
Nuestro corralito ardiente no escapa a este reto, ya que entre muchas situaciones de la Administración, la Alcaldesa tiene la oportunidad de convertir un proyecto estratégico, en uno de inclusión y superación material de la pobreza.
La ciudad se propone construir una Central de Abastos sobre 40 Ha frente al Pozón, de las cuales 18 son de Corvivienda.
La Alcaldía entregará este desarrollo a particulares. Consecuente con ello, un grupo de mayoristas quiere adquirir la porción de terreno del Distrito para adelantar el proyecto en compañía con los propietarios de las restantes 22 Ha, siempre que el Estado local garantice obras de infraestructura.
Como componente social, los mayoristas plantean construir 2.000 locales para comerciantes informales que aplicarían los recursos de reconversión del Distrito por abandonar el espacio público, a la cuota inicial de dichos locales. Así, estos sectores vulnerables no participarán de la plusvalía sobre la tierra luego de las intervenciones prometidas para la Central de Abastos y solo se integran a la iniciativa como una especie de “clientela cautiva” de locales construidos.
Las organizaciones de informales solicitaron a la Alcaldesa priorizar la posibilidad de adquisición de las 18 Ha de Corvivienda con los recursos de reconversión a que tienen derecho los comerciantes estacionarios que abandonen el espacio público, para garantizar su participación en los beneficios de esta formulación urbanística.
De la Administración depende poner en vigor el objetivo de superación de la exclusión y la pobreza consagrado en el artículo 31 del Plan de Desarrollo de Cartagena.

*Rotaremos este espacio entre distintos columnistas para dar cabida a una mayor variedad de opiniones.

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Comentarios

si la administración

si la administración distrital explota todo este proyecto al distrito le quedaría una buena utilidad para construir viviendas parques colegios, no hay razón para no explotar este proyecto por parte del distrito, recurso si los hay a través de empréstitos con el banco mundial, y buscar una buena asesoría