El martes pasado, en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín, se llevaron a cabo concurridas manifestaciones estudiantiles de protesta por la avaricia con que el Gobierno trató a las universidades oficiales en el proyecto de presupuesto que aprobó el Congreso ese mismo día para la vigencia de 2010. Por lo tanto, causó extrañeza que la ministra de Educación le dijera al país, sin sonrojarse, que la adición de $150.000. millones a la cifra proyectada inicialmente era superior a la que las universidades habían pedido. Por su parte, el ministro de Hacienda, quien se había comprometido a reajustar el presupuesto de las universidades en un cinco por ciento, reculó a la hora de nona aduciendo que esta cifra produciría un impacto fiscal desestabilizador. En síntesis, fue lamentable que para conejear a la academia la ministra de Educación deslizara una mentirita y que el ministro de Hacienda prometiera una apropiación presupuestal sin saber si era posible o no formalizarla. Los conflictos entre el Gobierno y las universidades ocurren porque los presidentes y los ministros –lo dijo uno de los rectores– tienen la idea de que financiar la formación de nuestros profesionales es un gasto y no una inversión. Si a las universidades sólo se les aporta para pagar nómina, es obvio que no pueden fomentar la investigación, ni abrir nuevos programas, ni desarrollarse físicamente, ni renovar los laboratorios, ni mejorar las bibliotecas, ni abrirse a las comunidades. ¿Para qué entonces tanto foro sobre pertinencia de la educación y aumento de la cobertura? Una de las cantaletas de los ministros para negarse a presupuestar mayores recursos es la de que las universidades no buscan fuentes alternas de financiación. ¿Cómo, si nuestros empresarios no creen en las universidades públicas? ¿Cómo, si no pueden mostrar la calidad y el desarrollo tecnológico que el Gobierno les exige porque sólo les destina un 0,4 por ciento del PIB, mientras que en el resto de América Latina se les destina el 1,2 por ciento? Los ministros Zuluaga y Vélez saben que la operación universitaria del país no cuesta menos de tres billones doscientos mil millones de pesos. Días antes de la aprobación del presupuesto, estudiantes de las universidades Nacional y Distrital de Bogotá denunciaron otra maroma encaminada a obligar a las universidades a absorber los pasivos pensionales. ¿Desistieron de perpetrarla por la presión estudiantil? ¿Se resistió el Congreso a discutirla? De haber prosperado semejante traspaso de deuda (otra variedad del mamífero lagomorfo) quién sabe cuántas de ellas hubieran terminado cerradas al cabo de tres o cuatro años. El debate sobre la educación superior hay que orientarlo hacia el papel y la proyección de las universidades oficiales, y hacia la misión y los objetivos de las universidades privadas, para precisar si el Estado responde o falla como garante de ese derecho fundamental. Que la Asociación de Universidades, su Dirección Ejecutiva, el sistema de universidades estatales y los rectores se sientan. Que convoquen un congreso nacional y desnuden la verdad de una crisis que no se resolverá esperando, cada doce meses, a que el presidente y dos ministros giren más para las universidades que para la guerra. Las universidades no reeligen. La guerra sí. *Columnista y profesor universitario carvibus@yahoo.es
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