Sin lugar a dudas la conservación ambiental se constituye en un imperativo para la supervivencia humana y en una ineludible responsabilidad moral para con las generaciones presentes y futuras. Sin embargo, no menos importante es la necesidad de cristalizar iniciativas de desarrollo económico que redunden en más y mejores oportunidades de empleo y en una mejor calidad de vida. En este sentido, la conservación ambiental encuentra su reto más grande en las ciudades, donde en adición a las presiones típicamente urbanas; el valor elevado del suelo y las limitaciones espaciales son restricciones físicas que generan incentivos para la expansión de actividades urbanas formales e informales sobre espacios naturales. Este esquema se constituye en una opción válida dentro de la planificación territorial que no puede ser descartada de tajo sin considerar la totalidad de los costos y beneficios asociados. Lo anterior toma más relevancia si consideramos que los costos asociados a la conservación no sólo hacen referencia al valor de las inversiones para el mantenimiento y recuperación de un determinado ecosistema, sino que implica el costo que para la sociedad en su conjunto significa rechazar la ejecución de un proyecto, sea éste un puerto, una avenida o una urbanización de VIS. Este es precisamente el dilema que enfrenta la ciudad de Cartagena, donde en medio de una amplia riqueza ambiental y de apremiantes necesidades sociales, económicas y de infraestructura física, se plantea en medio de álgido debate, la necesidad de ejecutar proyectos de desarrollo que conllevan significativos impactos ambientales. Así las cosas, es necesario estructurar una política sólida y coherente de conservación que concilie las necesidades de protección ambiental y crecimiento urbano, lo cual implica no sólo la conservación de los ecosistemas, sino más importante aún, la conservación de los bienes y servicios por estos generados, los cuales dependen de la conectividad física y funcional entre los diferentes ambientes y ecosistemas a escala local y regional. Por lo tanto, la sostenibilidad del territorio no depende de la conservación de todos sus atributos ambientales, sino prioritariamente de la conservación de una Estructura Ecológica Principal, es decir, una red de áreas y corredores que generan y conducen los procesos ecológicos esenciales a través del territorio urbano y rural. Es en este contexto estructural y funcional que la posición y el papel de los ecosistemas urbanos pueden ser adecuadamente entendidos y es la ubicación de cada ecosistema en la estructura, la que debe fundamentar la valoración de su función ambiental, definiendo consecuentemente el alcance de las estrategias de conservación y manejo pertinentes. Esta visión ecosistémica permite orientar los esfuerzos de conservación hacia los enclaves esenciales para el funcionamiento adecuado de la Estructura Ecológica, garantizando así la permanencia de los flujos de bienes y servicios ambientales, sin cerrarse a la posibilidad de ejecutar proyectos de importancia para el desarrollo de Cartagena (lo anterior, sin perjuicio de la exigencia de los requisitos y compensaciones de ley que sean del caso). La atención sobre estos elementos no debe pasar inadvertida ad portas del proceso de ajuste del POT de Cartagena. *Docente UTB mrodriguez@unitecnologica.edu.co
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