En artículo anterior y ante las manifestaciones cada día más preocupantes de enfrentamientos entre los poderes públicos, propuse que se apelara a la consulta popular nacional para darle un mandato al Congreso que se elija en marzo, de convocar una Asamblea Constituyente con el fin de recomponer el funcionamiento del Estado. Debo aclarar que la convocatoria de la Consulta popular la haría el Presidente de la República; facultad que le confiere el artículo 104 de la Constitución Política, y a cuyo mecanismo se recurriría , preferiblemente, mediante concertación con los partidos políticos, incluidos los de la oposición. Ese sería el escenario ideal para ir buscando los caminos del consenso sobre asuntos fundamentales, más allá de propuestas de restringido contenido, como la que hiciera el rector de la Universidad Sergio Arboleda, doctor Rodrigo Noguera, de nombrar conciliadores para dirimir el conflicto entre la Corte Suprema y el Presidente de la República, o la otra del Fiscal (e), doctor Guillermo Mendoza Diago, de asignarle a un triunvirato integrado por juristas especializados, las funciones que hoy están en cabeza del el Fiscal General de la Nación. Los desajustes son tan graves que debemos pensar en algo más profundo; en una agenda de reformas que haga viable política y socialmente a este país, para afianzar los logros que al actual Presidente de la República se le deben en la recuperación de espacios que se habían perdido para nuestra democracia . Son muchos los desafíos que tenemos por delante, y para poderlos afrontar, habrá que garantizar que no se pueda ejercer la función pública por ninguno de los detentadores del poder por fuera del marco de los intereses generales y siempre en plena armonía con éstos. Así haya defensores a ultranza de la reforma de 1991, ésta se quedó corta en cuanto a medidas para garantizar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos hoy privatizados y los cuales no pueden ser manejados solamente con ánimo de lucro, al margen del poder de intervención que debe reposar en las autoridades a nivel nacional, departamental y local, dentro de un Estado Social de Derecho como el nuestro. De eso debe ocuparse, precisamente, la Constituyente cuya convocatoria planteamos, amén de otros temas de carácter social de no menor trascendencia. Además, el frondoso y costoso aparato burocrático que se montó bajo el amparo de la Constitución de 1991 no ha demostrado resultados medidos en eficiencia. Las frecuentes colisiones de funciones, o “choque de trenes” entre las Cortes y el Gobierno y entre aquéllas y el Congreso, desprestigian nuestra democracia. Por ejemplo, el cambio de jurisprudencia en la CSJ al calor de esos enfrentamientos; la judicialización de 86 congresistas por su voto, pese a su inviolabilidad; la inhibición de la CSJ para elegir el Fiscal General de la terna elaborada por el Gobierno, cuando es una obligación constitucional hacerlo, son acciones y omisiones que no se dan en un Estado seriamente organizado. Como tampoco puede tolerarse que agentes del gobierno rastreen la vida pública y privada de altos funcionarios judiciales, o de representantes de los partidos políticos, o de ningún ciudadano de bien. Veo que la Constituyente aparece como solución en el horizonte político. *Ex congresista, ex ministro, ex embajador. edmundolopezg@hotmail.com
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